«Los sindicatos dijeron que de conseguir la subvención se ocupaban ellos», dice Torre

El exconsejero de Industria, Graciano Torre, negó cualquier intervención por parte del Principado para que el Gobierno central, en un aparente trato privilegiado hacia el Montepío de la Minería, modificara la normativa vigente y financiara con cargo a los fondos mineros el 100% de la obra de la residencia de Felechosa. Torre, que por su condición de consejero formaba parte de la Mesa Regional de la Minería, aseguró en su declaración ante los agentes de la Guardia Civil que este 'mérito' correspondió exclusivamente a «los sindicatos».

El exconsejero indicó que en aquella mesa se comentó que el proyecto no encajaba en la normativa vigente, pero se siguió adelante porque «los sindicatos dijeron que de ese aspecto no se había que preocupar pues ellos tratarían ese punto en su debido momento con el Ministerio (de Industria)». Poco después, el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero modificó aquella normativa que permitió levantar la residencia. «Los sindicatos dijeron que ese aspecto lo hablarían ellos en Madrid», insistió Torre en su interrogatorio, al tiempo que destacó la «fluidez de las relaciones que Villa y el sindicato poseían con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y los responsables del Ministerio. «Ni el Principado ni yo hicimos ninguna gestión en este sentido», resolvió.

Su declaración, de alguna manera, se contradice con la que ese mismo día ofreció ante la Guardia Civil Maximino García Suárez, quien también formó parte de aquella mesa en calidad de dirigente de CC OO. El sindicalista rememoró en su declaración que en aquella reunión se comentó el problema, pero fue «el titular de Industria y Empleo en aquel momento, Graciano Torre, la persona responsable y quien elevó los acuerdos a Madrid».

El extracto de la declaración de Torre sobre este asunto forma parte de un escueto resumen elaborado el pasado 1 de junio por la UCO sobre «los resultados más relevantes» de las diligencias llevadas a cabo en el marco del 'caso Hulla' tras la detención -y posterior puesta a disposición judicial- de los principales acusados, el registro de sus domicilios y oficinas y la toma de declaraciones tanto de ellos como de numerosos testigos.

Para la Guardia Civil es igualmente relevante, según recoge este documento, un correo electrónico enviado por José Manuel Fernández, el exasesor fiscal del Montepío de la Minería y uno de los principales investigados en la trama, a un trabajador de Cajastur (ahora Liberbank). En la misiva le adjunta la solicitud de aumento de subvención por parte del Montepío aprobada por la mesa regional de Minería aunque, reconoce, «no tenemos aún aprobación por parte del Ministerio de Industria», si bien este hecho «lo consideramos un mero trámite burocrático, de acuerdo con lo negociado».

Otro de los resultados «más relevantes» de estas diligencias, en palabras de la UCO, es el hallazgo de 28.000 euros en efectivo en la vivienda de José Ángel Fernández Villa, así como el registro de visitas a la caja de seguridad que el asesor tenía en el banco Santander, donde podría haberse guardado durante algún tiempo el dinero regularizado de Villa y Postigo. La caja estaba vacía pero del registro de visitas se desprende que el exasesor la abrió «siete días antes y el mismo día» en el que se produjo el ingreso en efectivo de los 1,2 millones en el BBVA.

Los investigadores también destacan el hallazgo de un documento en el despacho del arquitecto Manuel Sastre que, a falta de un estudio más pormenorizado, desprende «la existencia de diferencias entre las unidades de obra proyectada, certificadas y las realmente ejecutadas».