La Fiscalía amplía la investigación al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

La 'Operación Hulla' no solo investiga posibles irregularidades cometidas en los trabajos de la residencia de Felechosa con fondos públicos sino que, al menos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, existen sospechas fundadas de que todo lo que está relacionado con esta obra fue irregular. Incluso la adjudicación de la subvención por parte del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente del Ministerio de Industria, por lo que amplía la investigación al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Anticorrupción sostiene en su informe, según recoge El Mundo, que cargos públicos de Industria se «concertaron» con los líderes mineros para amañar la concesión de esta ayuda y, de hecho, se sabe que el Gobierno central modificó la normativa legal que existía hasta el momento para que este proyecto, de carácter privado, pudiera costearse al 100% con cargo a los fondos mineros. «La connivencia llegó hasta el extremo», declara Anticorrupción, «de que mucho antes de que se aprobara la concesión de la subvención y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto, Montepío ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecutar la obra». Y dicha obra comenzó «sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones».

El alto cargo socialista que firmó la concesión de esta ayuda fue Pedro Luis Marín, en ese momento secretario de Estado de Industria, con Miguel Sebastián como ministro. Desde el ministerio evitan hacer declaraciones al respecto, más allá de mostrar su interés en que se resuelva la investigación judicial abierta y que se depuren las responsabilidades.

Anticorrupción considera, igualmente, que se «falsearon y ocultaron datos esenciales» para obtener la subvención y que «el convenio de colaboración para la concesión de dicha subvención se firmó simulando la concurrencia de los requisitos necesarios para ello». Incluso, añaden, «se creó un procedimiento de licitación ficticio para la adjudicación de la obra» y «se concedió la subvención por un importe muy superior al que hubiera sido necesario para acometer dicho proyecto».