Las hijas, la exmujer y la pareja de Postigo se acogen a su derecho a no declarar

Las comparecencias de los investigados por la 'Operación Hulla' en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo propiciaron que coincidieran ayer por la mañana en sede judicial la exmujer de José Antonio Postigo, Elena Pérez, y sus hijas, Elena y Patricia, con su actual pareja, Dorina Bischer, que acudió acompañada por uno de los hermanos del expresidente del Montepío de la Minería.

Tanto las tres primeras, asistidas por el letrado José Antonio Gutiérrez Hevia, como Dorina Bischer, cuyos intereses defiende el letrado Alejandro García Cueto-Felgueroso -del bufete de José Joaquín García Fernández, abogado del propio Postigo- fueron citadas por la magistrada Begoña Fernández en calidad de investigadas y se acogieron a su derecho a no declarar. La situación fue bastante incómoda para las cuatro, tanto por la expectación mediática creada en torno a este proceso judicial, que hizo que fueran recibidas por una nube de periodistas, como por su encuentro en la sala de espera. El hermano de Postigo saludó tanto a sus sobrinas como a la madre de estas, pero el encuentro entre las mujeres fue distante.

La investigación sitúa a las familias tanto de Postigo como de José Ángel Fernández Villa como cómplices en el delito de blanqueo de capitales que, supuestamente, se habría cometido por los principales investigados en el marco de la 'Operación Hulla', que se centra en las obras de la residencia de Felechosa, propiedad del Montepío de la Minería, ejecutada con cargo a los fondos mineros con un importante sobrecoste. Una de las hijas de Postigo, Patricia, fue de hecho empleada del área de Administración del geriátrico y a su nombre se regularizaron 60.000 euros en la última amnistía fiscal. La otra hija, Elena, trabajó en la empresa de Alcedo de los Caballeros, cuyo principal encargo fue, precisamente, la construcción del macrogeriátrico de Felechosa y cuyo propietario, Juan Antonio Fernández, es uno de los detenidos. Incluso la actual pareja de Postigo, Dorina Bischer, fue directora del complejo vacacional de Los Alcázares, en Murcia.

Igual que la familia de José Antonio Postigo, la mujer y los hijos de José Ángel Fernández Villa también se han visto salpicados por este caso. Tanto la esposa del exdirigente sindical, María Jesús Iglesias, como sus hijos, Ángela y Rolando Fernández, fueron requeridos el pasado martes por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, un día después, por la titular del juzgado que instruye el caso. También ellos se acogieron a su derecho a no declarar. El hecho de que hasta ayer estuviera decretado el secreto de sumario y de que en el momento de la declaración las partes aún no conocieran al detalle los delitos que se les imputa, podría haber sido utilizado como alegato por sus respectivos abogados para justificar su decisión de no comparecer ante la titular del juzgado y los fiscales de Anticorrupción desplazados desde Madrid para llevar a cabo esta operación.

En este caso, se sabe que el hijo de Fernández Villa ocupó el cargo de director del centro geriátrico sobre el que se centra la investigación de la operación policial y judicial puesta en marcha por la UCO, Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, en la que hay al menos nueve investigados aunque fuentes cercanas al caso aseguran que puede tener varias ramificaciones, incluso políticas, y que podría resolverse con muchos más imputados.