Fernández Villa se somete a una nueva prueba forense para tratar de eludir la declaración

José Ángel Fernández Villa es, por ahora, el único de los cinco principales investigados que aún no ha declarado ante la magistrada Begoña Fernández y la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá, quien lidera desde Madrid la investigación contra el histórico sindicalista desde que éste regularizara 1,2 millones de euros de dudosa procedencia y que se ha trasladado estos días al Principado expresamente para poder seguir el operativo de primera mano.

El ex secretario general del SOMA también fue el único de los cincos que no fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil tras el registro que se realizó simultáneamente el pasado martes en las viviendas y empresas de los acusados. Pero, ayer, sí tuvo que personarse en el Palacio de Justicia de Oviedo, aunque por el momento únicamente para someterse a un examen forense en las dependencias del Instituto de Medicina Legal que se prolongó algo más de hora y media y que deberá determinar su capacidad o incapacidad para prestar declaración ante la jueza.Todo apunta a que el informe médico podría ir en la misma línea que el elaborado por el neurólogo que determinó, hace apenas unos meses, que estaba apto para comparecer en sede judicial en una instrucción paralela.

Villa llegó acompañado por su esposa, María Jesús Iglesias, y también por su hija, Ángela Fernández, que se desplazaron en un taxi desde su domicilio en el barrio de La Florida hasta la sede judicial, a donde llegaron al filo de las once de la mañana. El exdirigente sindical apareció con una imagen visiblemente desmejorada, caminando con cierta dificultad, y flanqueado en todo momento por su hija y su procuradora, Laura Fernández-Mijares. Su mujer, ayudada de un bastón y apoyada también por una persona que trabaja en el bufete de la abogada Ana García Boto, acudió asimismo a las dependencias judiciales para arropar al exsindicalista en su paseíllo hasta el interior del juzgado, donde permanecieron durante más de hora y media. Allí el histórico dirigente sindical fue increpado por una mujer que participaba en la cuestación del Domund. «Dios está haciendo justicia con esta sarta de chorizos. Qué asco me da», le dijo al tiempo que le sujetaba la puerta del juzgado.

Otros tiempos

El evidente deterioro físico y mental de José Ángel Fernández Villa ha hecho que, por el momento, la jueza haya tomado con él ciertas consideraciones y que los tiempos judiciales para el exlíder estén siendo muy diferentes. Sin embargo, fuentes acreditadas aseguran que ni la magistrada Begoña Fernández ni la fiscal Carmen García Cerdá tienen intención de permitir que se repita lo que ocurrió en la otra causa que tiene abierta Fernández Villa por apropiación indebida tras la querella interpuesta por el SOMA, que le reclama unos 460.000 euros, donde su defensa, a cargo de la letrada Ana García Boto, logró retrasar más de un año su declaración ante la magistrada, con la presentación de un alud de informes médicos y recursos de todo tipo.Fue, de hecho, necesario que un experto en demencias propuesto por la acusación, a cargo del propio sindicato minero, examinara a Villa en su domicilio y determinara que estaba en condiciones de declarar para que, finalmente, lo hiciera el pasado mes de marzo. Lo hizo, además, de forma coherente y lúcida e, incluso, con suficiente picardía como para apuntar con nombres y apellidos a otras personas como responsables del presunto fraude. Precisamente aquella declaración, publicada en exclusiva por ELCOMERCIO y que otorga ciertas garantías de que el histórico sindicalista dispone de facultades suficientes como para defenderse en un juzgado, podría haber desencadenado la presentación de la oportuna querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción y, como consecuencia, que se activara el operativo policial por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sustentando en años de investigación.

Grado de deterioro

Pese a la reciente comparecencia judicial de Villa, su abogada volvió a alegar que el exsindicalista no está en condiciones de declarar como consecuencia del deterioro físico y mental que supuestamente padece, y solicitó el examen forense que tuvo lugar en la mañana de ayer en sede judicial. Igual que en la primera exploración por parte de dos forenses del juzgado a la que se sometió el exsindicalista durante la instrucción de la querella del SOMA y que determinó que no estaba en condiciones de declarar, aunque después el examen neurológico dictaminó lo contrario, la prueba de ayer consistió en la realización de una serie de preguntas para comprobar la fluidez de su lenguaje, su orientación en el tiempo y en el espacio, su memoria, su capacidad de comprender órdenes sencillas y de realizar operaciones aritméticas; así como varios test para valorar el grado de deterioro cognitivo.

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