Los ayuntamientos asturianos tienen más de 435 millones inmovilizados por Hacienda

Los municipios españoles tienen un remanente de tesorería superior a los 30.000 millones de euros, de los que 435 son de los ayuntamientos asturianos. Sin embargo, esa cantidad está inmovilizada por el Ministerio de Hacienda. O lo que es lo mismo, el superávit generado en los últimos cinco años por los 78 concejos de la región no puede ser reinvertido. El motivo, las disposiciones impuestas por el Gobierno en 2011 en su plan de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, con el objetivo de cumplir con las exigencias de contención de gasto y reducción del déficit impuesto por la Unión Europea. Según ese plan, los ayuntamientos solo pueden utilizar su remanente para amortizar deuda o para lo que se llama inversiones sostenibles, aquellas que no conllevan un gasto añadido para su mantenimiento. Ni uno de esos euros de superávit puede ser destinado para contratar personal, ni para ejecutar obras y servicios. Por ello, después de cinco años cumpliendo con el plan de estabilidad y liquidando sus presupuestos con superávit, los ayuntamientos han dado un puñetazo encima de la mesa y piden al Ejecutivo de la nación que les permita utilizar el dinero que han generado en obras y contratación de personal.

Los municipios españoles están unidos en esta reclamación. Y prometen dar batalla al Gobierno central. «Ya no estamos para ser los paganos. Somos los que soportamos las condiciones de Europa mientras otras instituciones del Estado no lo cumplen. Y hasta aquí llegamos. Vamos a por todas», dijo recientemente el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero. Esta entidad ha promovido varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que los municipios puedan usar su superávit.

Los ayuntamientos asturianos también han dado un paso al frente en esta reclamación. «Hemos sido nosotros los que más hemos contribuido a que España cumpla su objetivo de déficit y ya es hora de que el esfuerzo realizado revierta en los ciudadanos», dijo el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios. «Es incomprensible que el dinero de los ciudadanos esté secuestrado por el Gobierno, ha impuesto un corralito municipal», añadió.

El superávit generado por los municipios asturianos desde la entrada en vigor del plan de estabilidad presupuestaria es de 435,056 millones de euros: 43,067 en 2012; 68,358 en 2013; 118,306 en 2014; 107,664 en 2015 y 97,661 el año pasado. Estos remanentes, según los datos facilitados por la FACC, están inmovilizados, sin posibilidad de ser reinvertidos. «Es dinero de los ciudadanos que está en los bancos, paralizado, secuestrado», añade el presidente de los alcaldes asturianos.

En la propuesta de reinversión que trasladan los ayuntamientos asturianos y españoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, plantean que esos remanentes de tesorería se destinen a ejecución de proyectos y a la contratación de personal. «Si los ayuntamientos capitalizamos la inversión, reactivaremos la economía y las empresas», explicó García Palacios.

En Gijón, el remanente de tesorería correspondiente al pasado año es de veinte millones de euros. El equipo de gobierno local apuesta por destinar el mayor grueso de esa cantidad a amortizar deuda y reducir sus obligaciones con los bancos. Pero, si Hacienda permite destinar superávit a inversiones, «lo emplearíamos en ayudas para fachadas y en la compra de la finca de La Formigosa, para ampliar el Parque Tecnológico», apuntó la concejala de Hacienda, Ana Braña.

En Oviedo apuestan por la contención de gasto -«no se quieren hacer obras faraónicas», apuntó el edil de Economía y Empleo, Rubén Rosón-, sino que el remanente «se use en obras para la puesta en día de los barrios: asfaltados, alumbrado, equipamiento de los colegios,... Son actuaciones muy demandadas desde hace años».

Avilés cerró 2016 con un superávit de 5 millones de euros. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, comparte la exigencia de la FEMP y apuntó que si el Ejecutivo central permite destinar el remanente a gasto ordinario «nos permitiría un mayor margen de maniobra. Todavía está todo por decidir y es pronto para adelantar qué se puede hacer».

En Langreo, su alcalde, Jesús Sánchez, está de acuerdo con la reinversión del remanente, pero con una limitación: «Que no ocasione tensiones de tesorería. Nosotros invertiremos, por supuesto, pero dentro de unos límites que no ocasione problemas para nuestra capacidad financiera», dijo.

Como la mayoría de los ayuntamientos, el de Mieres cerró 2016 con superávit, que en su caso alcanzó los dos millones de euros. La mitad se destina a reducir su deuda, y el resto. El otro millón, no puede empleares. El alcalde, Aníbal Vázquez, se queja de que «son las administraciones locales las que están soportando el límite de gasto de todo el Estado, mientras que a otras administraciones se les da manga ancha».

En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento aprobó hace una semana una moción -firmada de forma conjunta por Izquierda Unida, PSOE y Somos, y que contó con el rechazo del PP- en la que se señala que los ayuntamientos «siguen siendo castigados por el Gobierno de España mediante la aplicación de una normativa, conocida popularmente como 'Ley Montoro', que no solo atenta contra el principio de autonomía local que recoge la Constitución, sino que supone una intervención por parte del Ministerio de Hacienda de las corporaciones locales».

95.000 empleos menos

En los últimos cinco años, el plan de estabilidad presupuestaria también congeló las contrataciones de personal en la Administración. En el caso de los municipios, en ese periodo se han perdido cerca de 95.000 empleos, debido a fin de contratos o jubilaciones. Esas vacantes, por las condiciones impuestas por Hacienda, no han podido ser repuestas. «Y ya es hora de hacerlo. Exigimos que se nos permita una tasa de reposición del cien por cien. Es decir, que se si se jubilan dos policías locales, que contratemos dos policías locales, no ninguno, como hasta ahora», abundó Palacios. «Lo que queremos es dar mejores servicios a nuestros ciudadanos, porque sin personal no podemos dar el servicio que se merecen», insistió el presidente de la FACC. El objetivo de la FEMP es que en el plazo de cinco años, los 95.000 empleos públicos perdidos sean recuperados.

El techo de gasto público de los ayuntamientos lo fija el Gobierno central. La cifra se impone no en base a los presupuestos, sino una vez se proceda a la liquidación de los mismos. Y aunque haya superávit, un municipio no puede superar el gasto marcado. «Como cerramos con superávit, cada año tenemos menos de techo de gasto. ¡Es todo tan incomprensible..!, lamenta Palacios. Por ello, en la propuesta de la FEMP también se reclaman que el techo de gasto se haga en base a los presupuestos, no sobre las cuentas liquidadas.