Expertos asturianos en financiación abogan por revisar el cupo vasco y navarro

Un informe sobre el modelo de financiación autonómica elaborado por un grupo de expertos, entre ellos los asturianos Roberto Fernández Llera y Carlos Monasterio, aboga por aprovechar la próxima revisión del sistema para, entre otras cosas, revisar el diseño de los regímenes forales -el cupo vasco y la aportación navarra- y asegurar su adecuada participación en los mecanismos de solidaridad territorial. El documento lanza el debate sobre hasta dónde debe llegar esa solidaridad entre las comunidades, con posiciones encontradas y opiniones favorables a mantenerla en sus términos actuales, a incrementarla o también a reducirla.

El informe ha sido elaborado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde), gestionada por el grupo de investigación GEN de la Universidad de Vigo. El académico asturiano Roberto Fernández Llera es uno de sus responsables, aunque en su elaboración también ha participado Carlos Monasterio, que representará al Principado en el grupo de expertos que abordará la reforma del sistema de financiación. El texto incluye una encuesta con opiniones de un centenar de personas conocedoras de la materia, entre ellos los asturianos Javier Suárez Pandiello y Francisco J. Delgado Rivero.

El informe no cuestiona la existencia del cupo vasco y de la aportación navarra pero sí considera que «no cabe por más tiempo soportar el sustancial sesgo a la baja» en el cálculo de su importe. Esto es, cree imprescindible determinar la incorporación de las comunidades forales a la financiación de los mecanismos de solidaridad interterritorial.

Los expertos coinciden de forma mayoritaria en considerar que la situación actual representa un «agravio comparativo» y entienden que urge buscar fórmulas para que los territorios forales aporten a los mecanismos de solidaridad en la parte que les toca, igual que hacen el resto de comunidades del régimen común.

No es este un debate nuevo en el Principado. En la posición defendida por el Gobierno asturiano ante el Ejecutivo central cuando este le requirió sus propuestas para afrontar la reforma del sistema de financiación ya figuraba la mención a la necesidad de revisar el cupo vasco y la aportación navarra. La reflexión del gabinete encabezado por Javier Fernández atizó una polémica que propició la intervención del entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la airada réplica del Ejecutivo vasco a través del lendakari, Iñigo Urkullu.

El informe de los expertos lanza también un debate que será, a buen seguro, uno de los ejes de la revisión del sistema de financiación: el funcionamiento de los mecanismos de solidaridad. Si en el caso del cupo había una posición casi unánime de los participantes, aquí los criterios son variados.

En realidad, el debate gira en torno a si los mecanismos de solidaridad deben alcanzar al conjunto de los servicios transferidos por la administración central a las comunidades autónomas -lo que en términos técnicos se denomina 'nivelación plena'- o si, por el contrario, deben limitarse a la sanidad, la educación y las políticas sociales básicas, en lo que se llama 'nivelación parcial'. Son mayoría los expertos que abogan por esta segunda opción, aunque un tercio de los encuestados piensa que la solidaridad debe abarcar la totalidad de los servicios descentralizados. Hay, igualmente, partidarios de reducir ese reequilibrio territorial.

El informe reconoce, entre otras cosas, que las comunidades sufren un problema de ingresos a la hora de financiar las competencias que tienen asumidas, algo que se podría remediar, aunque en este texto el asunto se aborda de forma tangencial, aumentando su participación en los tributos cedidos y disfrutando de una mayor corresponsabilidad fiscal. Asimismo, se aboga por impulsar un modelo de financiación menos enrevesado y más transparente que contribuya a evitar situaciones «arbitrarias o discutibles» en el reparto de los fondos entre las autonomías. Las quejas de numerosas comunidades por sentirse maltratadas en la distribución de recursos son recurrentes.

La patata caliente estará en adelante en manos del comité de expertos llamados a sentar las bases del futuro modelo de financiación. Pero, sin dinero adicional del Estado para repartir, el acuerdo se antoja hoy muy complicado.