El interventor de Oviedo exculpa de nuevo a Caunedo

El interventor del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis González Díaz, se ratificó esta mañana en la declaración realizada el pasado mes de febrero ante la jueza gijonesa Pilar de Lara, instructora del 'caso Pokemon'. Entonces, en calidad de testigo, aseguró que había sido él quien, por iniciativa propia, promovió las negociaciones llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Oviedo que concluyeron con la devolución en 2009 de un aval de 400.000 euros al grupo Agbar, al que pertenece Aquagest, pese a que existían informes previos que lo desaconsejaban.

Este miércoles, a raíz de aquellas manifestaciones, estaba llamado a declarar como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. El alto funcionario se acogió a su derecho a no declarar, argumentando que ya había ofrecido todo tipo de explicaciones ante la magistrada el pasado mes de febrero, aunque previamente se ratificó en aquella declaración.

El interventor vuelve a exculpar de este modo al exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, a quien la jueza también investiga en la trama del agua al considerar que existe una relación directa entre el citado aval y el presunto pago por parte de la empresa de gestión de aguas de cuantiosos regalos en forma de viajes y comidas de los que disfrutó el exregidor. González asegura que la decisión de iniciar conversaciones con Agbar fue exclusivamente suya, y dice también que sólo informó al entonces concejal de Economía cuando ya había conseguido un preacuerdo con la empresa.

Gozón

El antiguo aparejador municipal del Ayuntamiento de Gozón, Francisco Artime de la Vega, también declaró esta mañana en el Juzgado de Instrucción de Lugo como investigado en el 'caso Pokemon' por su relación con las obras de renovación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento del agua y alcantarillado del concejo. Unos trabajos ejecutados por Aquagest y cuya adjudicación está en el punto de mira de la jueza gijonesa Pilar de Lara. Artime, ahora jubilado, explicó que se limitó a recepcionar en 2014 la obra, desarrollada entre 2008 y 2013, y confirmar que se había ajustado al proyecto y que estaba en funcionamiento. Dijo también, según informaron fuentes próximas a la investigación, que lo hizo cumpliendo órdenes del entonces alcalde del municipio, el popular Salvador Fernández, y con cierto reparo, ya que él no había participado ni en el pliego de condiciones, ni en el control de las obras, por lo que de su acta, apuntó, "no se puede descartar que hubiera algún tipo de sobrecoste".

El aparejador, que declaró durante prácticamente una hora, negó a preguntas de la jueza que hubiera recibido algún tipo de ingreso económico por este acta, y también que nadie se lo ofreciera. A la salida de la sede judicial, Artime reconoció haberse sorprendido por su imputación en el caso, pero dijo estar "satisfecho por haber contribuido con la justicia". En relación a esta presunta trama de corrupción vinculada a la empresa Aquagest, y que afecta ya a varios concejos asturianos, están imputados también otras cinco personas de este mismo ayuntamiento. Se trata de Salvador Fernández y Ramón Artime, exalcaldes populares del concejo y ahora ediles en la oposición, una exedil del PP, otro técnico municipal y el secretario municipal del Ayuntamiento.