Clamor contra el PP por la petición de cárcel de Medina para dos periodistas de EL COMERCIO

Marcos Moro es el más alto de los que aparecen en la fotografía que ilustra esta página. Sostiene, junto a sus compañeros de EL COMERCIO, un cartel en el que puede leerse #LibertadDeExpresión, el hasgtag que ayer se convirtió en trending topic en Twitter. Esto fue posible gracias al apoyo de miles y miles de ciudadanos de toda España, de toda condición, que se solidarizaron con los dos periodistas de EL COMERCIO para los que el PP pide cárcel. La firma de Marcos Moro encabezó, en octubre de 2014, la información por la que el diputado asturiano del PP David González Medina solicita tres años y ocho meses de prisión; para Íñigo Noriega, entonces director de EL COMERCIO y hoy al frente de El Diario Motañés, reclama tres años y seis meses de cárcel. Se les acusa de revelación de secretos por publicar una noticia cuya veracidad quedó demostrada:que González Medina fue condenado en 2004 por tráfico de drogas y sancionado por consumo de estupefacientes en 2011.

El eco que provocó la divulgación de la petición de cárcel para dos periodistas (portada en los once periódicos regionales de Vocento) por el hecho de informar no se hizo esperar. Profesionales de la comunicación, medios y asociaciones profesionales arroparon sin fisuras a Marcos Moro e Íñigo Noriega.

Que David González Medina retire los cargos por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos es lo que reclamaron voces de la profesión y también el PSOE. En boca de su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, el principal partido de la oposición mostró su estupor ante lo que entiende como un atropello del PP contra dos profesionales del periodismo. «El PP siempre que se publican noticias que le perjudican piensa en atacar al mensajero en vez de rectificar las conductas inapropiadas de sus dirigentes», dijo Hernando.

El silencio de los populares

El partido que sostiene al actual Gobierno en funciones se ha convertido de un tiempo a esta parte, con Venezuela como hilo conductor, en un altavoz a favor de la libertades. Este viernes, sin embargo, tanto en Moncloa como en Génova, la reacción no fue la que cabría esperar ante el ataque a una de ellas. El Ejecutivo y el PP se desmarcaron del asunto, tratando de hacer ver que nada tenía que ver con ellos. «Es una cuestión de un particular», zanjaron, obviando así que David González Medina es un cargo electo de los populares en la Junta General del Principado y persona de la máxima confianza de la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández;es decir, el PP puede exigirle responsabilidades o, al menos, explicaciones por el ataque a dos periodistas en el ejercicio de su profesión.

Lapetición de privación de libertad para Moro y Noriega por unos hechos probados es incomprensible para algunos miembros de distintas direcciones regionales del PP, que, sin querer salir a la luz, mostraron su apoyo a los periodistas y su rechazo a la postura ejercida por el parlamentario asturiano. Es más, consideran «injusta» la denuncia al entender que es un ataque contra el periodismo.

Ciudadanos, cuyo líder viajó la semana pasada a Venezuela para hacer causa de las libertades, se alineó esta vez con la tesis del PP nacional. «No comentamos nada para no afectar a ninguna de las partes», se limitaron a decir fuentes de la dirección. La formación de Pablo Iglesias, mientras tanto, se remitió a las palabras del portavoz de la formación morada en Asturias, Emilio León: «Los representantes públicos deben dar ejemplo a la hora de defender la libertad de prensa».

Pero las grandes muestras de apoyo absoluto se recibieron en las redacción de EL COMERCIO y las del resto de cabeceras del grupo Vocento. Por suerte para los periodistas, las querellas de este tipo son contadas y, por fortuna para la profesión, la Justicia siempre ha primado el derecho a informar en caso de revelación de secretos. Porque, como afirmó tajante Elsa González, presidenta de la Asociación de la Prensa de España (FAPE), «un periodista tiene la obligación de informar y de difundir una noticia cuando la considera relevante para la opinión pública y la ciudadanía. Y en esta situación se está cumpliendo al pie de la letra».

Yolanda Quintana, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, va más allá al asegurar que la denuncia del PP es un «ataque a la libertad de información de manual». En su opinión, este tipo de acciones judiciales, llevadas a cabo por parte de cargos públicos, son «un aviso a navegantes», con la intención de «impedir futuras informaciones, dar pie a la autocensura y amedrentar a periodistas» que están cubriendo casos de corrupción o de malas prácticas políticas.

Y lo más problemático, afirma, es que la estrategia «viene utilizándose de forma insistente» en España. Para muestra, un botón: hace unos meses la Fiscalía acusaba a dos periodistas de Abc de un delito de revelación de secretos por una información que publicaron en el diario sobre el extesorero de PP Luis Bárcenas, que finalmente quedó en agua de borrajas. ¿La razón? Como ocurre en el caso de los periodistas de EL COMERCIO siempre que se apela a la revelación de secretos quien comete el delito «es el custodio de esa información y no el periodista que la transmite y difunde, por lo que la acusación no se sostiene jurídicamente», afirma Quintana.