La recuperación de derechos de los funcionarios se llevará hasta 60 millones este año

Aunque con sufrimiento, el Gobierno regional sacará adelante en la Junta General el proyecto de ley de incremento en un 1% del sueldo de los empleados de la administración asturiana. Lo conseguirá porque una mayoría de grupos, aun estando en contra tanto de la forma en que el Ejecutivo ha tramitado el texto como de parte de su contenido, especialmente la congelación del desarrollo de la carrera profesional, darán su visto bueno a la iniciativa para no dejar a los funcionarios sin esa mejora retributiva. «Por responsabilidad», señalaba un diputado en los pasillos de la Cámara al término de la sesión parlamentaria de ayer, aunque en el trasfondo del debate está también el hecho de que la votación de un asunto tan sensible vaya a producirse coincidiendo con el inicio de la campaña electoral del 26-J. Sea como sea, sí es un hecho que las distintas medidas que este ejercicio, en prórroga presupuestaria, se van a poner en marcha orientadas a la recuperación de derechos de los empleados públicos paga extra, días de vacaciones y aumento salarial supondrán un desembolso económico para las arcas autonómicas de hasta 60 millones de euros.

La ley en cuestión prosperará pese a que el Gobierno todavía tendrá que sobrevivir a un duro trámite de enmiendas, tras el aluvión de críticas al que la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, tuvo que enfrentarse ayer en la Junta. La popular Emma Ramos le afeó que impulse ahora la misma subida del 1% que el PP ya le reclamó, sin éxito, tiempo atrás. Enrique López, de Podemos, habló de un «burdo chantaje» del Ejecutivo al forzar a los grupos a mojarse sobre este incremento salarial cuando el proyecto en su conjunto, objetó, está plagado de omisiones y elementos restrictivos. «Es una ley trampa», abundó Cristina Coto, de Foro. No hubo, desde luego, un clima propicio al entendimiento. Gaspar Llamazares, de IU, fue quien más intentó limar asperezas, aunque también reprochó al gabinete socialista que carezca de un calendario preciso de restablecimiento de los derechos perdidos en estos años por el colectivo.

Una mayoría de grupos entienden que la ley es una suerte de todo o nada que les sitúa ante la tesitura de aprobar el proyecto, pese a que bloquea el avance de la carrera profesional, o rechazarlo, dejando a los funcionarios sin esa mejora retributiva, con las consecuencias que eso supone, sobre todo en vísperas electorales. Sea esa o no la estrategia del Ejecutivo, lo cierto es que le saldrá bien porque, salvo Podemos, que es quien mantiene el discurso más beligerante, el resto de partidos ya ha resuelto que el texto salga adelante.

Carcedo defendió en su intervención la política del Gobierno en la materia, de recuperación «progresiva» de derechos de empleados públicos tras los ajustes sufridos durante la crisis, pero acomodando esa mejora a las restrictivas posibilidades presupuestarias. Y puso datos sobre la mesa. La subida del 1% supondrá un desembolso de 16,6 millones de euros. La recuperación de días de vacaciones y asuntos propios, otros 6,4 millones. Si se añaden los 19 millones liquidados en enero correspondientes a uno de los plazos de la paga extra anulada en 2012, el montante ronda ya los 42 millones. Hay que agregar, además, otros 17 millones del último plazo pendiente de la citada extra, a abonar a principios del próximo año o, en el mejor de los casos, a finales del actual si existe disponibilidad presupuestaria. De cumplirse esta condición, la partida destinada en el actual ejercicio de prórroga a la recuperación de derechos de los funcionarios rozará los 60 millones de euros.

Pero ni sus explicaciones ni las cifras librarán a Carcedo y al Gobierno de litigar con la oposición al hilo de las enmiendas que presentarán una mayoría de grupos. Las habrá relativas al impulso de la carrera profesional, congelada este año y cuya aplicación costaría entre 6,6 y 13 millones, que el Ejecutivo vetará en la mayoría de los casos alegando que conllevan un incremento del presupuesto que no puede asumir. También sobre la extensión a todo el ejercicio de la jornada de 35 horas, que previsiblemente serán anuladas a partir del razonamiento de que se trata de una cuestión de normativa estatal que no depende del Principado. Así, y con alguna enmienda puntual que pueda superar el corte, el 10 de junio se llegará a la votación en la que los grupos deberán decidir si apoyan la subida salarial del 1% y la paralización de la carrera profesional o la rechazan. Sucederá, salvo sorpresa, lo primero.

La mañana dejó algunos momentos de tensión. El portavoz de Podemos acusó al Gobierno de actuar de forma electoralista al jugar con los tiempos para forzar la votación a las puertas de la campaña. «Pero los empleados públicos no son idiotas», advirtió López. Carcedo se revolvió y devolvió el dardo al parlamentario de la formación morada. «Electoralismo el de sus propuestas, parciales y poco comprometidas», le afeó. En su ayuda salió Margarita Vega, portavoz del PSOE, que lamentó que Podemos «pinte Asturias como si fuera Burundi» y le preguntó si está dispuesto a trasladar a los perceptores del salario social el mensaje de que se les quitan recursos para costear la carrera profesional.

Sobre el avance de la carrera profesional, por cierto, Dolores Carcedo dejó en el aire la posibilidad de que su paralización no se limite a 2016 sino que se mantenga también en 2017, en función del escenario presupuestario y la disponibilidad de recursos.