Mercedes Fernández, dos horas ante la jueza que salpican al partido

El día de San Valentín de 2012, Mercedes Fernández accedió a la presidencia del PP asturiano. Cuatro años después, este mismo jueves, pasaba por el que muy probablemente ha sido el trago más difícil de digerir al frente de la formación popular, al comparecer durante dos horas ante la juez Pilar de Lara en los juzgados de Lugo en calidad de testigo del 'caso Pokemon'. Cinco dirigentes y exdirigentes de su formación en Asturias están imputados en el caso, y la lista podría crecer, puesto que el sindicato Manos Limpias, que ejerce como acusación, va a pedir que comparezca la anterior candidata popular a la Presidencia del Principado, Isabel Pérez-Espinosa, y estudia solicitar que se llame a declarar como testigos al anterior presidente de la formación, Ovidio Sánchez, y al exsecretario general, Fernando Goñi. Los dos últimos son actualmente senadores, lo que podría dificultar su declaración ante la juez por su calidad de aforados. Y también podrían aumentar el nivel de incomodidad de la actual líder del partido con un asunto, el 'caso Pokemon', en el que ella, de momento y en lo que le atañe de forma directa y personal, ha tenido que reconocer que su hermano firmó un contrato con la empresa investigada en el caso, Aquagest, aunque, según puntualizó, sin que eso supusiera ningún tipo de contrapartidas por parte de la presidenta de los populares asturianos a la compañía.

Contrato para su hermano

Trabajó para Aquagest gracias a Aréstegui

Llegaba Mercedes Fernández a los juzgados de Lugo ostensiblemente cargada con una carpeta de documentos, a la vista de todos los periodistas que, como en las anteriores declaraciones del 'caso Pokemon', aguardaban a la entrada de la sede judicial. Buena parte de esa documentación versaba sobre las cuentas del PP asturiano, aunque de momento la contabilidad del partido en Asturias no es el asunto fundamental.

La jueza Pilar de Lara quería que Mercedes Fernández diese explicaciones sobre las tres cuestiones por las que su nombre aparece citado en el sumario del caso (la contratación de su hermano por Aquagest, los pagos del partido por la web de campaña de Isabel Pérez Espinosa como candidata a la Presidencia del Principado y la tesorería del partido en relación con la contratación de una 'newsletter' para el partido). Según las conversaciones que se intervinieron al exvicesecretario de Comunicación del Partido Popular asturiano y conseguidor de la trama del agua en Asturias, Joaquín Fernández, se podría interpretar que el contrato del hermano de Mercedes Fernández con Aquagest habría sido facilitado por él mismo con el objeto de buscar obras y servicios a favor de la empresa para la que trabajaba con las administraciones municipales en las que el PP ejercía el poder o en aquellas en las que su voto pudiese decantar hacia un lado u otro una decisión.

Quiso ser tajante Mercedes Fernández en su negativa sobre tal sospecha. Admitió, eso sí, la presidenta del Partido Popular asturiano que en un momento en que su hermano «lo estaba pasando mal», ella preguntó en su entorno si alguien tenía noticia de alguna oferta laboral que le pudiese ayudar, según relataron varios abogados que asistieron al interrogatorio. Ante la jueza, Fernández habría admitido que tras consultar «a varias personas», fue Joaquín Aréstegui, expresidente del PP de Avilés e imputado en el proceso como presunto receptor de favores de empresas vinculadas la grupo Agbar, la matriz de Aquagest, quien informó a Mercedes Fernández de la existencia de una plaza vacante en Aquagest, para cubrir como abogado un permiso de maternidad en el departamento jurídico.

Según los abogados, «Mercedes Fernández explicó a la jueza que fue Aréstegui quien le ayudó» a buscar un trabajo para su hermano, para negar, a renglón seguido, que por su parte haya habido ningún tipo de contraprestación por ese favor y también que el conseguidor de la trama, Joaquín Fernández, hubiera mediado en ese asunto.

Grabaciones comprometedoras

Joaquín Fernández y sus «ensoñaciones»

Respecto al segundo punto en el que su nombre aparece citado en el sumario, Mercedes Fernández negó lo que se recoge en varias de las conversaciones telefónicas intervenidas, que hubiese negociado con Joaquín Fernández la contratación de una 'newsletter' para el partido. El conocido como 'abrelatas' comentó en las conversaciones intervenidas que había hablado con la presidenta del PP para contratar este servicio y ésta le habría dicho que para poder llevar a cabo el proyecto precisaba que le emitiese las facturas a cargo del grupo parlamentario del PP en la Junta General, ya que en el partido no disponía de fondos.

En una conversación telefónica de las que obran en la documentación del caso, el conseguidor le explicaba a Carmen Rodríguez Maniega que «donde no tiene dinero debe ser en la sede, pero en la Junta General, con cincuenta y pico mil euros al mes, le debe sobrar». Ante la jueza, Mercedes Fernández indicó que éstas y otras declaraciones de Joaquín Fernández al respecto de dicha idea se debieron a «ensoñaciones» de éste, puesto que «prácticamente no había hablado con él sobre aquel proyecto» que, además, nunca llegó a ejecutarse.

A la jueza no pareció gustarle esa explicación de la presidenta del PP asturiano, puesto que en ese instante le puntualizó que no todo lo que relata Joaquín Fernández son «ensoñaciones», dado que conocía a la perfección el presupuesto de que el grupo popular dispone en la Junta.

La campaña de Pérez Espinosa

Una web de 25.000 euros que no valía «ni 3.000»

También tuvo que declarar como testigo la presidenta del PP asturiano sobre un asunto que le cayó encima apenas llegada a la presidencia de la formación, en febrero de 2012. Se trata de los pagos correspondientes a la página web de campaña de Isabel Pérez-Espinosa para las elecciones autonómicas de 2011, que fue contratada por el partido con la empresa ASAC Comunicaciones. En aquel momento, el responsable de la campaña electoral era, precisamente, Joaquín Fernández, y en las conversaciones que se le intervinieron reconoce abiertamente que no costaba «ni 3.000 euros», aunque la empresa emitió una factura a nombre del PP por 25.000 euros.

No dudó en este punto Mercedes Fernández en arremeter contra el partido y sus anteriores gestores. Declaró ante la jueza que cuando ella accedió a la presidencia del PP asturiano, «la situación financiera del partido era caótica» y que había numerosas facturas por costes elevados «sin pagar». Las declaraciones no cayeron como una losa en el entorno de la anterior directiva regional, tanto que al día siguiente de la declaración judicial hubo quienes afirmaron que fue una estrategia de la actual presidenta del partido para desviar la atención del contrato de su hermano en Aquagest. Reconocieron, tn todo caso, que existían facturas pendientes de pago cuando Mercedes Fernández llegó al cargo, pero «había dinero de sobra en el partido».

Renovación de cargos

«He pedido dimisiones que no se han producido»

Tras asumir la presidencia del partido, Mercedes Fernández afrontó una paulatina renovación en sus órganos directivos regionales y municipales. Y esto coincidió en el tiempo con las sucesivas bajas vinculadas en mayor o menor medida a la evolución del 'caso Pokemon'. Actualmente, de los cinco investigados asturianos del caso, sólo uno, Agustín Iglesias Caunedo, mantiene algún tipo de responsabilidad, como portavoz del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo. A finales del mes pasado, preguntada por la evolución del expediente disciplinario que el PP le ha abierto a Caunedo por el 'caso Pokemon', Fernández indicó que «sigue su curso», si bien no dudó en reconocer que había pedido «dimisiones que no se han producido».

Y siguen sin producirse.

Mercedes Fernández aseguró a la salida del juzgado que no teme «en absoluto» que pueda perder su condición de testigo y pasar a ser considerada investigada por este caso. Pero sus respuestas ya han abierto brecha en el PP.