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ANA MORIYÓN
Sábado, 16 de enero 2016, 04:11
Luis Ignacio Fernández Posada, el notario que hace dos meses consideró que José Ángel Fernández Villa se encontraba en plenas facultades para otorgar un poder notarial, ratificó ayer esta apreciación en el Juzgado de Instrucción numero 2 de Oviedo, donde se investiga la querella interpuesta por el SOMA contra quien fuera su secretario general.
Pero no sólo eso. El fedatario argumentó ante la jueza que instruye el caso, Simonet Quelle Coto, los motivos que le llevaron a interpretar que el acusado estaba en plenas facultades mentales y que tenía capacidad legal suficiente, al menos, puntualizó, para otorgar un poder notarial. Fernández Posada explicó que durante su conversación con Villa, el pasado 12 de noviembre, éste demostró que era plenamente consciente de que pesaba sobre él una grave acusación, que precisaba otorgar un poder notarial a un abogado para que actuara en su defensa e, incluso, que quería que le representara el despacho de Ana G. Boto. El notario, que no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación a su salida del juzgado al entender que se trataba de una «cuestión de carácter reservado», sí desveló a la jueza que durante su encuentro con el exsindicalista éste clamó en reiteradas ocasiones: «Me están atacando y se van a enterar».
Luis Ignacio Fernández Posada indicó que se desplazó al domicilio de Villa para realizar el acto jurídico y que, en el momento de su visita, se mostró totalmente lúcido y no estaba acostado, especificó en respuesta a las cuestiones formuladas por la propia jueza, que parece especialmente interesada en resolver si realmente Villa puede ser o no procesado por esta causa.
La impresión que se llevó el notario es muy diferente a la que tuvieron las dos médicas forenses que el viernes de la semana pasada, por orden de la magistrada, se personaron en su vivienda para realizarle un examen médico, después de que su defensa hubiera solicitado la no comparecencia por su delicado estado de salud. Tanto el informe del servicio de Neurología del Hospital Universitario de Asturias (HUCA) que aporta el bufete de Ana G. Boto, como el requerido por la jueza, determinan que Villa sufre un «deterioro cognitivo» que le impide declarar y, en sus valoraciones, coinciden en los síntomas de «desorientación», «alteración de la memoria», «falta de crítica», «ánimo depresivo», «tendencia al llanto» y «alteración de la comprensión del lenguaje».
A la vista del último testimonio, los abogados Luis Llanes y Miguel García Vigil, del bufete Ontier, que defiende los intereses del SOMA, avanzaron ayer que solicitarán más pruebas para determinar el grado de demencia que sufre el histórico dirigente. Calificaron de «coherentes» las declaraciones realizadas en sede judicial por el notario y juzgaron «precipitado» que, con las pruebas que hay en estos momentos encima de la mesa, se resuelta esta cuestión.
La enfermedad de Villa está acaparando todo el protagonismo en la instrucción de la querella interpuesta por el SOMA contra su persona, pero también contra quien fuera secretario del Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo.
La jueza quiere determinar el grado de demencia para poder justificar con total garantía su resolución sobre si el exdirigente sindical puede o no ser procesable por el delito de apropiación indebida que se le imputa. Y es que si la jueza entiende finalmente que no está en plenas facultades mentales -y teniendo en cuenta que nadie pone en duda que sí las tenía cuando presuntamente cometió el delito- se aplicaría el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Éste, según explican fuentes judiciales, supondría que una vez finalizado el sumario se archivaría la causa contra el exsindicalista y, salvo que recuperase la salud en el futuro (ya que la responsabilidad penal y civil no se extingue, salvo en caso de muerte o prescripción del delito), no llegaría a abrirse juicio oral y por lo tanto no se dictaría sentencia. Eso sí, la acusación podría pedir responsabilidad civil contra Villa, pero a través del juzgado civil.
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