El informe forense dice que Villa presenta «deterioro cognitivo, falta de crítica, déficit de memoria y de concentración»

El examen médico solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Oviedo el pasado viernes para determinar el estado de salud de José Ángel Fernández Villa determina que el exsindicalista presenta un «deterioro cognitivo» con «cuadro de tipo depresivo, junto a falta de crítica, déficit en la memoria y concentración» que, según el informe forense, «le haría incapaz de ser oído en declaración». La jueza resolvió, atendiendo a los informes de los dos médicos que examinaron al exlíder del SOMA el pasado viernes, suspender su declaración, prevista para el pasado lunes, donde debería responder por el delito de apropiación indebida que le imputa el sindicato del que fue líder indiscutible durante más de tres décadas y que ahora le reclama 360.000 euros.

Además, la jueza ha llamado a declarar este viernes al notario que certificó un poder notarial otorgado por Fernández Villa el pasado mes de noviembre, y según el cual en aquel momento se encontraba en perfectas condiciones para realizar ese acto jurídico. La magistrada, Simonet Quelle, quiere que el notario explique cómo hace apenas dos meses el sindicalista estaba en pleno uso de sus facultades para otorgar el poder y ahora no tiene capacidad para declarar.

La defensa del exsecretario general del SOMA, a cargo de Ana G. Boto, había solicitado el pasado jueves la suspensión de la declaración aduciendo «padecimientos médicos irreversibles» de su cliente, y adjuntado un informe médico del servicio de Neurología del Hospital Universitario de Asturias (HUCA) en el que explica, de forma detallada, su delicado estado de salud. Una situación que, en opinión de su defensa, le impide comparecer ahora pero, muy probablemente, también en el futuro.

Ante este escrito, la titular del juzgado requirió el pasado viernes un reconocimiento médico urgente en el domicilio del exlíder sindical para comprobar la veracidad de estas manifestaciones y determinar, a través del informe forense, si realmente se encontraba en condiciones de declarar o no. Sin embargo, hasta hoy se ha conocido su contenido.

La defensa de Villa, incluso antes de que la magistrada resolviera la suspensión de la declaración, ya había advertido de que su cliente no estaba en condiciones de acudir al juzgado ni ayer ni en el futuro. De hecho, la jueza no fijó, al menos por el momento, otra fecha para su comparencia. En cualquier caso, el procedimiento judicial seguirá adelante hasta las últimas consecuencias pues, explican desde el SOMA, el objeto es esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Pueda Villa declarar, o no.

Nueva documentación

Bajo esta premisa se celebró la declaración de Pedro Castillejo, pese a que su defensa también había solicitado su suspensión después de que el pasado viernes, casi in extremis, la acusación presentara un complemento al informe pericial inicial, con documentación original y nueva información que no constaba hasta el momento en el auto. La defensa de Castillejo adujo que su cliente no podía comparecer sin antes disponer de esta nueva documentación que incluye extractos bancarios de las cuentas del sindicato, notas de gastos de caja y transferencias en beneficio de los dos imputados y que eleva a 4.000 euros más (hasta 72.000 euros) la cantidad que se le requiere a Castillejo por gastos sin justificar. Finalmente se celebró la declaración, pero la jueza aceptó la solicitud del abogado, Alfredo García, para que dicha comparecencia versara, exclusivamente, sobre la documentación inicial. A la salida del juzgado, García manifestó que tras la declaración de su defendido «ha quedado claro que no había ninguna irregularidad» y anunció que, una vez revisada la documentación registrada por el SOMA el pasado viernes, Castillejo estará en disposición de «justificar documentalmente» lo que ayer hizo «a través de un ejercicio de memoria». La versión de la acusación es bien distinta. Según anotó Luis Llanes, «no se ha justificado nada porque sólo se justifica aportando documentación y ésta, de momento, brilla por su ausencia».

Coinciden ambas partes, eso sí, en los «errores» cometidos en la contabilidad llevada a cabo por el SOMA, detectados gracias a la auditoría encargada por el sindicato a raíz de que se hiciera pública la fortuna oculta de 1,2 millones de euros que Villa regularizó a través de la amnistía fiscal de 2012, y en la que se sustentan las querellas. Aunque la defensa de Castillejo insiste en que ese mismo informe pericial deja en evidencia irregularidades cometidas por al menos otras dos personas, vinculadas al SOMA, la representación legal de esta central sostiene que únicamente ve indicios de delito en la actuación de los dos querellados e invita al bufete de Alfredo García a presentar las denuncias que considere oportunas.