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Andrés Suárez
Miércoles, 23 de diciembre 2015, 00:07
El Gobierno quiso evitar el golpe de una derrota parlamentaria segura y retiró ayer su proyecto de presupuestos para 2016, el día antes de que la Junta votase las enmiendas de totalidad presentadas por Podemos, PP, Foro y Ciudadanos. Esquivó así ese trámite doloroso y, de paso, intentó tomar la iniciativa con un durísimo ataque, coordinado con el grupo socialista, contra la «alianza estratégica» que, a su juicio, mantienen los populares y la formación morada. Eso, en el plano político. En el económico, Hacienda trabaja ya en la preparación de la prórroga, que entrará automáticamente en vigor el próximo 1 de enero, con el objetivo de minimizar en lo posible su impacto, aunque se admite que habrá políticas cuya aplicación se verá ralentizada.
El margen de maniobra del Ejecutivo era mínimo. En realidad, sus opciones eran tres: someter el proyecto a votación a través de las enmiendas de totalidad, a sabiendas de que la derrota era segura; guardar el proyecto y confeccionar otro nuevo, reabriendo así el diálogo con Podemos, una opción que se descartó porque el acuerdo se ve imposible a estas alturas; o retirarlo y prorrogar el vigente, pactado con el PP en un insólito consenso. Se decidió por esta última alternativa, en una medida inédita en la democracia asturiana, que además permitió a los socialistas salir a la ofensiva contra el PP, Podemos y sus relaciones políticas.
De «bloqueo», de «actitud saboteadora», de «gran farsa» y de «falta de coraje» habló el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, instantes después de que comunicase, en la reunión de portavoces de la Junta, la decisión de enterrar el proyecto presupuestario. Martínez señaló que Podemos era «el mayor aliado de la derecha en Gijón» y ahora «también lo es en Asturias». Un filón que explotó el portavoz parlamentario, Fernando Lastra, que utilizó todo tipo de términos, desde «alianza» hasta «sintonía», pasando por «confluencia objetiva» y «coincidencia estratégica», para definir la relación entre la formación morada y el PP. «Esto ha sido un enredo, tenían la decisión tomada de antemano», añadió la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, en alusión a la decisión de León y su equipo de aparcar la presentación de la enmienda al lunes, justo después de la cita electoral del 20-D.
De las acusaciones tardó poco en defenderse Podemos, que a través de Lorena Gil hizo hincapié en el «nerviosismo» del PSOE y descargó la responsabilidad del fracaso de las negociaciones de forma exclusiva en el Gobierno. «Podían decidir entre la prórroga o hacer un presupuesto a la altura de Asturias», argumentó, «y han preferido prorrogar las cuentas que pactaron con el PP».
El anticipado final del presupuesto deja en una posición muy delicada al Ejecutivo de Javier Fernández. Con la derecha reconciliada y con ganas de guerra y con Podemos fortalecido por el resultado electoral, la legislatura se presenta enrevesada para el Gabinete socialista. Que, en primer lugar, debe lidiar con la prórroga de unas cuentas y no con un presupuesto nuevo, con los condicionantes que eso conlleva.
El Gobierno tiene que navegar entre dos aguas. Intenta transmitir las complicaciones que supone gestionar una prórroga para no debilitar su arreón contra Podemos, pero a la vez no quiere caer en un mensaje alarmista. Carcedo señaló que ya trabaja en la elaboración del decreto de prórroga, que aprobará antes de que termine el año para regular su aplicación. El objetivo es «limitar el impacto» de la misma y movilizar «el mayor volumen posible de recursos y que lleguen lo antes posible a los asturianos».
El Ejecutivo estudia las cifras para saber con qué ingresos puede contar, si necesitará créditos extraordinarios -es posible aunque la necesidad de ajustarse a los objetivos de estabilidad impediría movilizar por esta vía un volumen excesivo de fondos- para funcionar y hasta qué punto la gestión se resentirá. Se admite que habrá políticas cuya aplicación sufrirá retrasos que se confía en minimizar en lo posible. Lo que sí es un hecho es que las modificaciones fiscales, la creación de dos impuestos 'verdes' sobre bolsas de plástico y residuos y la modificación de Sucesiones, pasan a ser una aspiración frustrada.
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