Aduanas vuelve al Ayuntamiento de Oviedo para recabar nuevos documentos del 'caso Pokemon'

Agentes del servicio de Vigilancia Aduanera se personaron a las nueve y cuarto de la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Oviedo, para reclamar varios documentos, entre ellos, el acta de la reunión de la junta de gobierno municipal que se celebró el 5 de diciembre de 2008, por la que se decidió rechazar la devolución de la fianza de 840.000 euros que reclamaba la UTE Asturagua-Tribugest, de nombre comercial Gestión de Ingresos S. A., la empresa que por encontes recaudaba los impuestos locales. Además, se requería a esta que ingresase en las arcas municipales 166.850 euros por un incumplimiento de contrato. En junio siguiente, justo antes del viaje a Croacia que, según Vigilancia Aduanera, Aquagest le pagó al entonces concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo y al entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Manuel Pecharromán, el Consistorio ovetense decidió devolver esa fianza y no seguir reclamando los 166.850 euros de las obras no ejecutadas.

La actuación de los agentes de Vigilancia Aduanera responde a las indicaciones del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo que investiga la 'trama del agua' en Asturias, como pieza separada del 'caso Pokemon'. Además, los agentes, cumpliendo las órdenes de la juez, Pilar de Lara, mantuvieron un encuentro con el interventor municipal que realizó el informe, en junio de 2009, por el que se tomó la decisión, que avaló Caunedo, de devolver a la empresa el aval de 840.000 euros y dejar de reclamarle los 166.850 euros.

El juzgado sostiene que el 23 de junio de 2009, Agustín Iglesias Caunedo, suscribió con la UTE Asturagua-Tribugest Gestión de Ingresos S. A., un convenio en el que consideraba debidamente cumplido el contrato adjudicado el 27 de febrero de 2007, así como el suscrito el 26 de diciembre de 2002. A cambio, la empresa retiró los dos contenciosos que mantenía contra la adjudicación del nuevo contrato de la recaudación a una competidora. Por ello, acordó la devolución de la garantía relativa a este último, «en contra del criterio de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de diciembre de 2008, que consideraba que no eran conformes las prestaciones de la UTE en relación con el contrato adjudicado en 2007 por la falta de realización de ciertas mejoras propuestas en su oferta».

Asimismo, y ante la coincidencia en el tiempo de la firma del citado convenio con los viajes realizados por Caunedo, «supuestamente abonados por la empresa Aquagest», el juzgado solicita a la Intervención General de la Administración del Estado que «designe un perito judicial para que elabore un informe sobre la regularidad de los procesos de adjudicación y resolución de dichos expedientes y todos los actos administrativos posteriores».

Por otra parte, los agentes, cuya visita al Consistorio capitalino no llegó a extenderse durante más de una hora, también reclamaron ayer en el Ayuntamiento los expedientes de todos los contratos, y todas las facturas, de la relación entre el Consistorio y la empresa de Cangas del Narcea Construcciones Mecuma entre 2008 y 2013. Esta compañía efectuó en ese periodo varias obras para el Ayuntamiento, principalmente de saneamiento rural, por valor aproximado de un millón de euros, según fuentes municipales. Solo en 2014, hizo obras por 232.000 euros.

La jueza Pilar de Lara emitió la semana pasada una providencia que otorga a Caunedo un plazo que finaliza mañana para aclarar todos los asuntos referentes a su relación con el 'conseguidor' de Aquagest, Joaquín Fernández, y en particular, sobre quién abonó y de qué forma los gastos correspondientes a los viajes que Caunedo efectuó a Nueva York, Croacia y Florida en 2009. Según los documentos de Vigilancia Aduanera, los vuelos y el alojamiento correspondientes de tales viajes fueron facturados por Wagonlits a Aquagest.