La jueza del 'caso Pokemon' cree que Joaquín Fernández cobraba comisiones por sus influencias de hasta un 33%

La jueza Pilar de Lara, instructora desde Lugo del 'caso Pokemon' que investiga presuntos pagos y sobornos a políticos para quedarse con adjudicaciones de obras y servicios, cree que Joaquín Fernández, considerado el 'abrelatas' entre la empresa Aquagest y las administraciones asturianas, habría cobrado presuntamente entre un 15% y un 33% en comisiones de obras por utilizar sus contactos políticos para favorecer estas contrataciones.

La magistrada considera que, quien fuera vicesecretario de comunicación del PP en tiempos de Ovidio Sánchez, portavoz del grupo municipal en San Martín del Rey Aurelio y hasta jefe de campaña de Isabel Pérez-Espinosa, cobraba este porcentaje a través de facturas falsas que, supuestamente, eran emitidas por un entramado de empresas constructoras asturianas con las que trabajaba habitualmente la compañía de gestión de aguas para la ejecución de obras públicas. Una de las tres empresas a las que hace referencia el sumario está participada por Roberto Orviz, el socio de Joaquín Fernández en la consultoría Ingenium, y otra es propiedad de una tercera persona que aparece como administrador en otras sociedades en las que también participa Roberto Orviz.

La jueza señala que Joaquín Fernández y su socio facturaban presuntamente a través de estas constructoras obras a Aquagest aplicando un sobrecoste (que denominan margen bruto), consentido y pactado por la empresa de gestión de aguas, de entre el 15% y el 33% del precio de mercado. Pero no sólo eso. Fernández, añade Pilar de Lara en el sumario, mantenía un contrato directo con el grupo Agbar a través de su consultoría Ingenium por el que ingresaba 3.245 euros al mes.

La información relativa a las presuntas facturas falsas forma parte de la documentación que la magistrada remitió el pasado verano a la Audiencia Nacional para elevar sus pesquisas a este órgano, con jurisdicción en todo el territorio de España, al verse salpicados por la trama de corrupción ayuntamientos que corresponden a hasta cinco Audiencias provinciales.

En este escrito, con un apartado específico sobre la rama asturiana, De Lara expone que Joaquín Fernández trabaja en el Principado desde 2009 como presunto «captador de contratos» para Aquagest, filial del grupo Agbar, y hace un repaso sobre la información más relevante del sumario, instando a la Audiencia Nacional a centrar futuras investigaciones en siete administraciones locales y tres empresas asturianas que, bajo su punto de vista, podrían estar involucradas en esta supuesta trama de corrupción política y de sobornos. Se trata de los ayuntamientos de Nava, Pola de Siero, Pravia, Cangas del Narcea, Tineo, Avilés y Oviedo.

La magistrada relata escuetamente que existen investigaciones abiertas en relación con presuntas presiones a políticos para la privatización de la gestión del agua y la contratación del servicio de abastecimiento en favor de la empresa Aquagest en los ayuntamientos de Nava, Pola de Siero, Tineo y Pravia, mientras que realiza una exposición algo más amplia en el caso de Avilés, Cangas del Narcea y Oviedo.

En Avilés

La magistrada expone que el grupo Agbar, utilizando en parte a la empresa colaboradora CPS, habría beneficiado presuntamente a Joaquín Aréstegui, quien fuera hasta hace unos días presidente del PP avilesino, «con la rehabilitación de un inmueble, la entrega de dinero en efectivo, la adquisición de mobiliario para su vivienda, pagos de viajes, comidas y gastos ordinarios», e incluso, añade, con «el abono de una renta mientras duraron las obras» de su casa.

En el caso del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la jueza recoge en su auto que Joaquín Fernández y Juan Carlos Guerrero, exalcalde de Pravia y exasesor del alcalde cangués, redactaban supuestamente informes favorables para los intereses de Aquagest para lograr contratos en el ayuntamiento. La jueza cree que ambos presionaron al interventor del consistorio para que emitiese informes a medida y cita incluso un presunto «amaño» de una causa judicial en la que son partes tanto el ayuntamiento como Aquagest, así como la supuesta ocultación de un informe municipal sobre un desprendimiento de tierras en una depuradora gestionada en este concejo por esta empresa, con el objeto de exonerar presuntamente a la empresa de responsabilidades.

En relación con el Ayuntamiento de Oviedo, De Lara informa sobre la documentación con gastos y pagos realizados supuestamente a políticos que se encontró en el registro del domicilio de Joaquín Fernández. Hace alusión a los polémicos viajes a Nueva York, Florida y Croacia que, presuntamente, la empresa Aquagest habría pagado al exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y al exconcejal del PP en Gijón, Manuel Pecharromán.