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EFE
Viernes, 25 de septiembre 2015, 12:58
El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy una iniciativa de IU que insta al Consejo de Gobierno a remitir a la Cámara en un plazo máximo de dos meses un plan de rescate social contra la pobreza y la exclusión. La iniciativa, incluida en el acuerdo de investidura suscrito entre los socialistas y la coalición, ha salido adelante con el voto a favor de los grupos del PSOE, IU, Ciudadanos y Foro, el rechazo de los once diputados del PP y la abstención de Podemos.
La proposición de ley plantea que el denominado plan de rescate debe incluir un incremento de la partida presupuestaria destinada al salario social y la reducción de los plazos de tramitación así como la garantía de la disponibilidad de una vivienda en caso de pérdida de la habitual por insuficiencia de recursos o desahucios. Asimismo propone la reducción o eliminación de tarifas para quienes acrediten insuficiencia de recursos y la garantía de prestaciones sanitarias para aquellos colectivos afectados por las medidas de recorte aprobadas en este ámbito por el Gobierno central y un plan de intervención contra la pobreza infantil.
La iniciativa requiere también la elaboración de un proyecto de ley de derechos vitales básicos que reconozca como derechos subjetivos de los ciudadanos este conjunto de medidas.
Carcedo y Goñi, senadores
Por otro lado, la socialista María Luisa Carcedo y el popular Fernando Goñi han sido elegidos senadores por designación autonómica en representación del Parlamento asturiano para la nueva legislatura, cargos en los que sustituirán en la Cámara Alta a Jesús Iglesias (IU) e Isidro Martínez Oblanca (Foro).
La actual diputada del PSOE en el Congreso, donde será reemplazada hasta el final de la legislatura estatal por el actual alcalde de Laviana, Adrián Barbón, recibió los votos a favor de los catorce diputados de su grupo mientras que Goñi obtuvo el respaldo de los once parlamentarios populares y el resto votaron en blanco.
Su elección se ha producido durante el primer pleno ordinario de la legislatura en el que se ha designado además a los tres representantes de la Junta General en el consejo de administración de Hunosa donde el PSOE mantendrá en el puesto al secretario de organización del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Fernández Roces. Por su parte, el PP ha designado al presidente local de esta formación en Mieres, José Manuel Rodríguez, y Podemos al licenciado en Derecho y en Antropología Social José Ángel García Fernández.
Además, y respetando la proporcionalidad en la representación de cada grupo, el pleno ha aprobado la elección de los representantes de la Junta en el Consejo Social de la Universidad; el Servicio de Salud (SESPA); Establecimientos Residenciales para Ancianos; la Orquesta Sinfónica del Principado; el Consejo de Comunidades; el Centro Regional de Bellas Artes y los consejos de Patrimonio Cultural, Turismo y Desarrollo Agroalimentario. De esta forma sólo quedan pendientes de nombrar los representantes de la Junta en el consejo de administración de la RTPA dado que el cambio en la ley que regula el ente público determina que los candidatos deban someterse a una comparecencia previa ante el Parlamento autonómico.
Legislar las cuentas abiertas
El pleno también ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de Podemos -la primera de esta formación que se debatía en la Cámara- que buscar desarrollar una normativa autonómica sobre cuentas para mejorar la transparencia de la administración regional. Hoy ha recibido el apoyo de Podemos, PP, IU y Foro y la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE.
La iniciativa, registrada por Podemos de forma simultánea en los parlamentos de varias comunidades autónomas, contempla que todos los organismos, consejos, agencias y demás entes hagan publicas las cuentas de las que sean titulares y su saldo correspondiente
Sin embargo, la Junta ha rechazado, en una votación por puntos, la proposición del PP sobre la garantía del derecho a la formación religiosa y permanencia del profesorado de Religión dentro del sistema educativo. Desde el PP proponían "garantizar el derecho de las familias a elegir libremente la formación religiosa de sus hijos en todas las etapas y ciclos del sistema educativo asturiano, como así recoge la disposición adicional segunda de la Lomce". Este primer punto de la proposición, ha decaído por 28 votos en contra, frente a 14 votos a favor y 3 abstenciones.
Declaración por el futuro de Alcoa
Al inicio de la sesión, la Junta General ha aprobado también una declaración institucional por consenso de todos los grupos que emplaza a la multinacional del aluminio Alcoa a definir un plan de futuro que incluya las inversiones que garanticen la continuidad de la planta de Avilés en la que trabajan 600 personas. La iniciativa, a la que ha dado lectura el presidente de la Cámara, Pedro Sanjurjo, pide a la empresa que ratifique su compromiso de permanencia en Asturias y que posibilite el mantenimiento de todos los empleos que genera tanto en la empresa matriz como en las compañías auxiliares.
Asimismo, la Junta traslada al Ministerio de Industria la "inmediata y urgente" necesidad de adoptar las medidas necesarias para establecer un mercado eléctrico estable para los grandes consumidores y para la industria en general que no ponga en peligro la continuidad de la actividad y definir un marco regulador estable en este ámbito para el conjunto de la industria asturiana.
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