El objetivo de déficit complica el desarrollo del acuerdo de investidura de PSOE e IU

Nadie dijo que iba a ser fácil, pero el severo objetivo de déficit impuesto a las comunidades autonómicas por el Ministerio de Hacienda para el próximo ejercicio (0,3% del PIB) no hará más que poner piedras en el camino al Gobierno del Principado para el cumplimiento de su acuerdo de investidura con IU. Un pacto que, tal y como ya recriminaron en su día desde Podemos, carece de asignaciones presupuestarias, pero del que se intuye un mayor esfuerzo económico en políticas sociales y también una movilización de recursos para estimular la inversión y el empleo.

Tanto el Ejecutivo de Javier Fernández como la coalición han sido muy críticos con el objetivo de déficit aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera por considerar que «penaliza y asfixia» a las comunidades autonómicas en beneficio de la Administración central. El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, reprocha incluso que se trata de una «decisión estratégica» del ministro Cristóbal Montoro para dificultar la puesta en marcha de las políticas sociales. «Tras las elecciones autonómicas han querido estrangular el cambio político en lo referente al rescate social», censuró el diputado.

A la coalición no se le escapa que este estricto objetivo de déficit limitará los recursos del Principado (se habla incluso de una merma de 90 millones de euros) y dificultará en gran medida la ejecución de los acuerdos adquiridos. Por ello, a la espera de ver cómo evolucionan los ingresos, Gaspar Llamazares abogó ayer por dar «prioridad» a las medidas relacionadas con el rescate ciudadano para garantizar el sostenimiento del «cuarto pilar del Estado del bienestar» que, bajo su punto de vista, se ha puesto en peligro con los recortes aplicados durante la crisis económica. Se refiere el parlamentario al primer bloque del acuerdo alcanzado por PSOE e IU, en el que se recoge una batería de medidas contra la pobreza energética y la pobreza infantil, un plan de garantía habitacional y, en especial, un plan de mejora de la gestión del salario social. El mismo documento contempla poner en marcha «de manera inmediata» estas medidas, para las que el presidente Javier Fernández garantizó durante las negociaciones previas a su investidura asignación económica en este mismo ejercicio, y con el presupuesto en vigor.

Más complicado será la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en materia de inversión pública. Estos quedarán supeditados a la aprobación de los presupuestos de 2016, que comenzarán a negociarse tras el parón de agosto y con la campaña electoral como telón de fondo, lo que no hará más que enredar la negociación política, ya de por sí complicada. El Ejecutivo cuenta por el momento con el único aval de los 14 diputados socialistas.

Los deberes

La coalición ha exigido al PSOE en el acuerdo de investidura un incremento de los recursos destinados a la Administración de Justicia, un impulso para las inversiones públicas en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas, el refuerzo de la atención primaria, potenciar el Instituto Nacional de Silicosis, desarrollar planes de calidad del aire en la zona central y el área metropolitana central de Asturias, ampliar la cobertura de la red educativa de 0 a 3 años, favorecer el desarrollo de tecnología propia en las empresas asturianas, intensificar los planes locales de empleo y la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Competitividad del Sector Primario y de Desarrollo del Medio Rural Asturiano dotado con más de 500 millones de euros. Una serie de deberes que tienen por objeto mejorar la calidad de vida y generar empleo, pero que requerirán de una inyección económica que será complicada de conseguir con el límite de deuda fijado por el ministerio de Hacienda y sin unos presupuestos de nuevo cuño. Para disponer de estas nuevas cuentas, el PSOE no sólo precisa del apoyo de IU, sino que también deberá convencer al grupo parlamentario de Podemos, con los que sigue sin haber ningún tipo de acercamiento. Desde IU insisten en que es responsabilidad del Gobierno de Javier Fernández buscar los «mecanismos» más adecuados para incrementar los ingresos y optimizar los recursos para poder cumplir punto por punto el acuerdo de investidura, así como conseguir el apoyo suficiente para aprobar una nueva ley presupuestaria.