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ANDRÉS SUÁREZ
Lunes, 17 de agosto 2015, 00:37
El presupuesto de 2016 es un acontecimiento crucial para el recién constituido gabinete de Javier Fernández. Es el primero de la legislatura y por tanto su aprobación es clave, en la medida en que supone un primer impulso al mandato en clave económica y facilitaría mucho las cosas en caso de que, en ejercicios posteriores, se viera forzado a gestionar una prórroga. Las ventajas de contar con unas cuentas de nuevo cuño en un momento en que, además, la recuperación está teóricamente llamada a consolidarse son evidentes. Pero hay muchos obstáculos a superar para un Ejecutivo que, de mano, solo cuenta con el aval de los 14 diputados del PSOE. Por un lado, el calendario electoral. Se da por hecho que las generales se convocarán para noviembre o, a más tardar, diciembre, en plena negociación presupuestaria, con las dificultades que eso siempre conlleva. Y por otro, el lastre del déficit y la merma de recursos que eso supone, limitando el margen de maniobra a la hora de activar políticas que puedan resultar interesantes para los potenciales aliados de los socialistas.
El terreno está, pues, plagado de minas, y Fernández y su equipo lo saben. Son conscientes de que esta vez no hay 'plan b', como sucedió con los presupuestos de este ejercicio, aprobados con el inusual apoyo del PP. Los populares respaldaron aquel proyecto en el marco de una estrategia preelectoral orientada a presentarse como partido solvente, de estado, llamado a asumir responsabilidades de gobierno, y distanciarse así de la política del 'no a todo' que achacaban a su rival en la derecha, Foro. Pero el escenario ha cambiado, las elecciones regionales pasaron y, con unas generales a la vista, otro movimiento similar del PP se antoja imposible.
Fernández lo sabe y ya ha dicho que solo contempla aprobar un presupuesto desde la izquierda. Pero no lo tendrá fácil. Lograr el apoyo de IU parece factible, visto el acuerdo entre ambas formaciones para la investidura. Pero es muy probable que solo con eso no le sirva. La posición de Podemos, formación con la que el presidente no tiene precisamente sintonía, se antoja clave. Y es aquí donde entran en juego las dos variables antes comentadas.
En materia electoral, las generales lo contaminan todo. Podemos ha basado su discurso, al menos hasta ahora, en presentarse como única alternativa válida en el ámbito de la izquierda frente a un PSOE al que ha identificado un día sí y otro también con la corrupción, así que el entendimiento entre ambas fuerzas se presenta a priori complicado. En otras épocas los socialistas podrían jugar la baza del dinero, de los recursos para financiar políticas del gusto del potencial socio, en este caso en el ámbito social. Pero tampoco aquí las cosas son fáciles.
Habrá que ver cómo evolucionan los ingresos, a expensas de comprobar si la recuperación se consolida, y cómo se maneja el incremento de los recursos que llegarán de la financiación autonómica, porque el severo objetivo de déficit a cumplir en 2016 -0,3%, desde el 0,7% de este año- supone un notable obstáculo. Algunos cálculos apuntan a una merma de recursos de 90 millones de euros. Con buena parte de los fondos comprometidos en el sostenimiento de los servicios y la necesidad de estimular la inversión, ahora en niveles históricamente mínimos, el margen de maniobra para alegrías será reducido.
En el seno del Gobierno se asume que la situación es compleja y se tratará de agilizar el calendario lo máximo posible. Las normas para la elaboración del presupuesto, punto de partida del proceso, se publicaron a principios de este mes en el BOPA, como es preceptivo. Comienza ahora el trabajo interno para, en el entorno de noviembre, contar con un documento sobre el que tratar de alcanzar un acuerdo.
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