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Pedro Sanjurjo, presidente de la Junta, se dispone a encabezar la junta de portavoces.
La nueva Junta cierra por vacaciones

La nueva Junta cierra por vacaciones

La junta de portavoces acuerda celebrar la próxima reunión el 31 de agosto, para retomar las sesiones de control al Gobierno en septiembre

ANA MORIYÓN

Miércoles, 29 de julio 2015, 00:49

Los nuevos diputados de la Junta General del Principado tomaron posesión de su cargo el pasado 16 de junio pero, con un gobierno en funciones hasta esta misma semana, la actividad parlamentaria ha sido nula durante todo este tiempo. Y ahora, sin haber celebrado sesión plenaria alguna más allá de las de constitución de la Mesa de la Junta y elección del presidente, sus señorías se van de vacaciones. Volverán en septiembre. El mes de agosto es inhábil por reglamento, pero, en esta ocasión, el escenario es bastante más desolador. La convocatoria de elecciones cerró la persiana de la Cámara asturiana -a efectos de actividad parlamentaria ordinaria- a finales del mes de marzo. Cuando sus señorías celebren su próxima sesión de control al Gobierno habrán transcurrido cinco meses. Cinco meses en blanco.

La junta de portavoces acordó ayer posponer su siguiente reunión al último día de agosto en aras de retomar la actividad del Parlamento en septiembre. La primera tarea que se han fijado tras su vuelta de las vacaciones será la de establecer el calendario para designar a los representantes del Principado en los diferentes órganos e instituciones. Incluidos los senadores autonómicos. El PP, según reconoció ayer el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, sí planteó la posibilidad de distinguir la designación de senadores del resto de nombramientos y adelantarla a la primera semana de agosto, pero finalmente su propuesta fue rechazada por el resto de grupos y finalmente se hará dentro del calendario ordinario de septiembre. El propio Sanjurjo rehusó la posibilidad de que hubiera sesiones plenarias en agosto al considerar que los grupos precisan de «tiempo» para sus negociaciones.

Este viernes, eso sí, esperan avanzar en la constitución de las comisiones. Ayer se aprobó que sean ocho las comisiones permanentes -una por consejería- y que estén integradas por trece diputados (4 del PSOE, 3 del PP y de Podemos y uno de IU, Foro y Ciudadanos), aunque la propuesta de la coalición era de un parlamentario más, a su favor.

También se establecieron algunos de los mecanismos para adecuar el reglamento de la Cámara a la fragmentación de la misma, con seis grupos parlamentarios. De esta forma, en cada sesión de control, que se celebrará los jueves como es habitual -pero que comenzará a las 10 horas, en lugar de por la tarde- el PP y Podemos -también el PSOE, aunque no es habitual que el partido gubernamental utilice estos turnos- podrán plantear dos interpelaciones y dos preguntas en los plenos. Por su parte, IU, Foro y Ciudadanos dispondrán de una en cada caso. En la sesión de orientación de los viernes también los grupos mayoritarios podrán presentar dos iniciativas (proposiciones no de ley, mociones, etcétera) por una de las formaciones con menos escaños.

Para hacerlo viable y que las sesiones no se excedan más de cinco horas, se procederá a reducir los tiempos destinados a cada grupo. Era eso, o limitar la capacidad controladora de los partidos, por lo que en general todos los portavoces celebraron el acuerdo alcanzado. Fue el PSOE el único que puso reticencias. Luis Venta, diputado del PP, celebró que el modelo permita realizar «con más intensidad» la labor de control al gobierno; mientras que el líder de IU, Gaspar Llamazares, aplaudió que se haya alcanzado «una capacidad de control como pocas veces ha tenido» la Junta. Nicanor García, de Ciudadanos, también se mostró satisfecho porque finalmente se haya permitido plantear iniciativas a los grupos minoritario en todos los plenos. De la reunión, que se prolongó cerca de cuatro horas, los que más «asombrados» salieron fueron los miembros de Podemos. Su secretario general, Daniel Ripa, se quejó del acuerdo en lo relativo a la Diputación Permanente -que permanece, aunque reduciendo sus miembros- y a la distribución de espacios en la sede parlamentaria, llegando a recriminar a Sanjurjo que hubiera hecho «un uso partidista e inaceptable» de su cargo.

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