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O. VILLA
Jueves, 5 de marzo 2015, 00:14
La secretaria general de RTPA, Ana Lada, y el director de gestión y recursos humanos del ente, Manuel José Castrillo, comparecieron ayer ante la titular del juzgado de instrucción número 4 de Gijón para declarar por la querella criminal que la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) presentó contra ambos, sin perjuicio de ampliación a otras personas, por «presuntos delitos de prevaricación» en la administración de la entidad pública y de «fraudes y exacciones ilegales, entre otros».
Los hechos que se les achacan tienen que ver, según la acusación, con «procedimientos de contratación fraudulentos, cuyo fin es desviar fondos públicos a entidades privadas», de los que pone como ejemplo «el caso de la contratación entre TPA y la mercantil Teletemas S. L., si bien este procedimiento se repite con ligeras variaciones en la contratación entre TPA y otras empresas». Para ello se utilizaría a trabajadores de la TPA «en régimen de cesión ilegal, como ya acreditan varias sentencias», siempre según el sindicato, al que representa la abogada Beatriz González.
La acusación asevera, en el caso de Teletemas, que los procesos de licitación de los contratos de 'Servicios Auxiliares de Antena' correspondientes a 2009, 2010 y 2011 fueron dirigidos para que dicha empresa se hiciera con ellos (lo que le reportó 183.320 euros más IVA el primer año; 186.000 más IVA el segundo, y 219.756 más IVA el tercero). Según la acusación, esto implica que la empresa pública «habría pagado un sobrecoste de unos 120.000 euros solo por la contratación, entre 2009 y 2011, vía cesión ilegal, de los cinco trabajadores» afectados. Es más, siempre según la acusación, «la ejecución del trabajo por parte de estos trabajadores no varió en ningún aspecto con el cambio de empresa contratante», «salvo el mero formalismo de quién le pagaba la nómina», pues siguieron «ejecutando su labor en el mismo centro de trabajo, en la misma sala y con los mismos equipos antes y después del cambio de empresa contratante de TPA a Teletemas S. L.».
El director de recursos humanos de la TPA eludió dar información alguna sobre su declaración ante la juez. En ese sentido, fuentes de CSI asegura que tanto él, como Ana Lada derivaron la responsabilidad de los hechos a otros directivos de la cadena y no negaron la existencia de sobrecostes.
Por su parte, el director general de la RTPA, Antonio Virgili, declaró ayer a este periódico que la empresa «ganó más juicios que perdió por cesiones ilegales de trabajadores», y que «estoy convencido de que esto se archivará, no tengo la más mínima duda».
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