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A. S.
Martes, 24 de febrero 2015, 00:26
La ex consejera de Bienestar Social Esther Díaz ha llevado a los tribunales al recién elegido secretario general de Podemos, Daniel Ripa, a raíz de unas declaraciones en las que este, en una entrevista en EL COMERCIO el pasado 18 de enero, sostenía lo siguiente: «Lo del salario social es tremendo, que esté con dos años de retraso mientras la ex consejera de Bienestar Social se forraba con su empresa familiar en obras más que dudosas y cuestionables; ahora sabemos cuáles eran sus prioridades». Ripa observa en este movimiento una clara intencionalidad política y, más en concreto, un intento de «acallarnos por la vía judicial».
El origen de esta controversia está en la opinión expresada por Ripa sobre la presencia de Díaz en el accionariado de la empresa Davelco, una información avanzada por este periódico y que derivó en la dimisión de la consejera. El acto de conciliación previo a la interposición por parte de Díaz de una querella criminal, por un presunto delito de calumnias e injurias, se celebrará hoy y a través del mismo la ex consejera persigue que Ripa admita que sus afirmaciones, «amén de ser falsas, suponen un grave menoscabo» a su reputación con el objetivo de «denigrar la estima social» de su persona. Le insta asimismo a reconocer que «es falso de toda falsedad» que se enriqueciese con ocasión de contratos celebrados con la administración autonómica y que es «igualmente falsario» relacionar su cargo en el Gobierno con la evolución de una empresa de su familia.
A ojos de Ripa, no es en absoluto casual que esta iniciativa tenga lugar solo diez días después de su elección como secretario general de Podemos en Asturias y un mes después de que la Audiencia Nacional admitiese a trámite la denuncia por los sobrecostes de la ampliación de El Musel. «Tengo la sensación de que es el mensaje de felicitación que la Federación Socialista Asturiana y Esther Díaz están enviando a Podemos», señaló en el transcurso de una rueda de prensa en Langreo. «Buscan que nos callemos, que la ciudadanía deje de exigir una reforma, una auditoría y la apertura de ventanas de las administración asturiana», añadió. Y remachó: «Lo que no pueden acallar por la vía de la democracia, la opinión pública y la participación ciudadana quieren acallarlo en los juzgados».
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