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Vista nocturna de la entrada del geriátrico de Felechosa.
El Montepío lleva tres años «aclarando las deficiencias» que alega el interventor

El Montepío lleva tres años «aclarando las deficiencias» que alega el interventor

Industria pagó 3,5 millones tras recibir el informe crítico de Antonio Merino y propuso luego cerrar el expediente si la mutualidad renuncia a otros 3,3 millones

RAMÓN MUÑIZ

Viernes, 30 de enero 2015, 00:43

Estupor en el Montepío de la Minería. El interventor del Instituto del Carbón y uno de sus exgerentes advirtieron el miércoles de que la entidad podría enfrentarse a una reclamación para que devuelva los 28 millones de fondos mineros ingresados para construir el geriátrico de Felechosa. La amenaza provocó inquietud entre los mutualistas e indignación en los directivos pasados y actuales de la entidad.

El Montepío suma 13.000 familias afiliadas y declaró un activo de 77,3 millones de euros en 2013. La mayor parte corresponde a la valoración contable de sus infraestructuras. Su fondo de maniobra es limitado, al punto de que los gestores no ocultan que el impago de 3,3 millones que reclaman al Instituto del Carbón son una losa. Una devolución de 28 millones llevaría a la entidad a un punto crítico, si bien los planes de pensiones y jubilaciones están blindados por ley, son inembargables y de su pago se responsabiliza el Estado.

La indignación entre los que acompañan al presidente, Juan José Pulgar, y los que lo hicieron con José Antonio Postigo, era ayer notable. Los gestores del Montepío llevan más de tres años intercambiando cartas, requerimientos, informaciones, correos electrónicos y entrevistas para aclarar las «deficiencias» que observa el Instituto del Carbón en las obras del geriátrico. Las iniciativas no han logrado persuadir al organismo dependiente del Ministerio de Industria, pero todos los consultados tachan de «rotundamente falso decir que no hemos dado explicaciones».

El origen de la disputa estriba en el último tramo de las ayudas que el Instituto se comprometió a entregar. El convenio de colaboración que ambas partes suscribieron el 22 de diciembre de 2009 fijaba esa aportación en los 3,3 millones, y preveía su entrega en 2013, cuando se suponía que iban a concluir las obras.

La entidad, sin embargo, solicitó créditos para agilizar los trabajos, y logró que el complejo estuviera terminado a finales de 2011. Es un momento clave. El acta de recepción de la obra se firma el 14 de diciembre y, ocho días más tarde, Antonio Merino, interventor delegado del Instituto, rubrica el informe que delata las «deficiencias» en las que, a su juicio, incurrió la gestión de las ayudas. Antes de entregar el trabajo a sus superiores ya había planteado las dudas al Montepío, desestimando los argumentos que se le oponían.

A pesar del informe, 2011 termina con una trasferencia del Instituto del Carbón a favor de la entidad por valor de 2,2 millones. En 2012 el organismo dependiente del Ministerio de Industria que ya rige José Manuel Soria no tuvo inconveniente tampoco en abonar los 3,5 millones cuya entrega había comprometido para ese ejercicio. La contabilidad de la entidad acredita dicha operación.

Instituto y Montepío siguen intercambiando requerimientos y documentación para rebatir el criterio del interventor. En la Junta General, Merino manifestó que el complejo de Felechosa «no era un hospital, sino algo más parecido a un hotel» y lamentó que el Montepío no hubiera acatado la Ley de Contratos del Sector Público en la obra. El convenio de colaboración, sin embargo, se firmó con el proyecto ya redactado, especifica que el Instituto del Carbón «dispone de los detalles» del mismo, lo da por bueno y concreta las unidades que componen el complejo. El acuerdo también faculta al Montepío a seguir rigiéndose por la legislación contractual que afecta a las entidades privadas.

En septiembre de 2013 los sindicatos y la cúpula del Montepío se reúnen en la sede del ministerio para aclarar el asunto. Meses después el propio Postigo envía una carta instando al abono de los 3,3 millones que quedan para liquidar el convenio y recordando que ha atendido todos los requerimientos. En un momento dado, el ministerio propone aceptar la liquidación del convenio, dando por justificadas las ayudas entregadas, siempre que la mutualidad renuncie al último pago.

El pasado verano, en su despedida, el expresidente lamentó la actitud de Industria y confió en que «con otra persona al frente de la mutualidad pueda llegar una necesaria solución a esta injusticia». El equipo de Pulgar ha dado continuidad a la cuestión, con nuevos requerimientos y solicitudes de encuentro. El actual presidente, sin embargo, también ha dado orden de preparar la batalla en los tribunales.

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