El Principado perdió una consejera, seis directores generales y quince altos cargos

Cuando se cumplen dos años y medio del mandato de Javier Fernández como presidente del Principado, la marcha de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz; la destitución del director general de Administración Local, Francisco José Balmori, ambas en noviembre, y ya este mes la dimisión de la directora general de Formación Profesional, Sara Álvarez Morán, y la del gerente del ERA, Jesús Suárez, han completado una lista de bajas en el Gobierno del Principado y organismos dependientes del mismo que no deja de ser llamativa y en la que cobran especial protagonismo las consejerías de Salud y de Bienestar Social.

Aunque las dos bajas más sonadas, la dimisión de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, y la destitución (previa puesta a disposición del cargo a iniciativa propia) del director general de Administración Local, Francisco José Balmori, estuvieron vinculadas a polémicas sobre incompatibilidades, esa no es la norma general. Solo otra destitución, la de Carmen López Tirados como jefa del Servicio de Puertos en febrero de 2013, se vinculó al posible trato de favor en la concesión de una obra en Puerto de Vega a la empresa de la que era gerente su marido. Lo habitual ha sido que las dimisiones se vinculen a discrepancias irreconducibles entre los altos cargos y sus superiores políticos, muy en particular las mencionadas consejerías de Salud (el consejero, Francisco Blanco, lleva una legislatura especialmente conflictiva en el entorno del SESPA).

Los recortes económicos en el gasto social están detrás de buena parte de las bajas, en buena medida de profesionales de la medicina o del trabajo social que han vivido un exceso de tensiones en sus cargos. Por una parte, porque sus propios compañeros de trabajo les hacían ver cada día el descenso en la calidad de los servicios sanitarios prestados a la ciudadanía, o las carencias que supone la situación de las ayudas a la Dependencia o la ralentización de la gestión del salario social.

Además de los recientes casos de Sara Álvarez Morán y de Francisco José Balmori, las bajas de directores generales han sido sonadas. En marzo pasado, la de Clara Costales al frente de la Dirección General de Atención a la Dependencia fue significativa. Por la forma y por el fondo, en medio de una evidente tensión con la entonces consejera. Y por los precedentes, ya que no hacía mucho habían dejado sus cargos dos jefes de servicio, ambos del departamento de salario social, y unos meses antes por la de Jacinto Braña como director general de Políticas Sociales. En aquel momento, la diputada popular Victoria Delgado puso el dedo en la llaga, ante la indignación de Esther Díaz: «antes de la dimisión, Braña estuvo reunido con los representantes de las entidades del tercer sector, a los que invitó a acudir a los tribunales para denunciar el convenio marco que mantiene con ellos el Principado». Delgado aseguró que el exdirector «les dijo que habían sido la mano de obra barata de la Administración, pero que eso se había acabado».

En el caso de Sara Álvarez Morán se da la circunstancia, según los sindicatos de la educación, de que había graves discrepancias con la jefa de Inspección, Dolores Guerra. En el organigrama de la consejería, su subalterna; pero también la responsable de Educación de la FSA. El peso del aparato hace que la tensión rompa la cuerda por su extremo débil, el institucional.

Otoño del año pasado fue un periodo caliente. En él dejaron su puesto tres directores generales (además de Braña, Paz Orviz en Sostenibilidad y Cambio Climático y Enrique González en Innovación Sanitaria). Y también la directora económico financiera y el director de asistencia sanitaria del SESPA, preludiando la destitución de Celia Gómez como gerente del SESPA, ya en enero de este año. En este caso fue muy clara la falta de sintonía del consejero con Gómez, una situación que se acentúo durante el conflicto sanitario de 2012, cuando la nueva jornada llevó a los equipos médicos a paralizar la sanidad durante 96 días, en lo que fue la huelga más prolongada en la historia de la Sanidad asturiana. La resolución del conflicto se demoró más de lo esperado, y el hecho de que las culpas no se repartiesen a partes iguales entre Sanidad y el SESPA aumentó las tensiones internas, que también se llevaron por delante al exconsejero de Hacienda y gerente del área sanitaria cuarta, Jaime Rabanal, una baja muy sensible por lo significativo de su persona en el PSOE asturiano.

Cargos anulados por el TSJA

Por otra parte, buena parte de los directores generales que siguen en sus cargos ejercen sus responsabilidades con una decisión en contra del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ya en octubre de 2013 anuló su nombramiento, al considerar insuficientes las motivaciones para acreditar su designación. En concreto, se trataba de los directores generales de Emigración (Begoña Serrano), Instituto de la Mujer y Juventud (Carmen Sanjurjo), Administración Local (Francisco José Balmori), Pesca Marítima (Alberto Vizcaíno), Atención a la Dependencia (Clara Costales), Recursos Naturales (Serafina Álvarez), Deporte (José Ramón Tuero), Políticas Sociales (Jacinto Braña), Política Forestal (José Antonio Ferrera), Vivienda (Ana Rivas), Infraestructuras (Juan José Fernández Pereiro) y Transportes (José Manuel Caldevilla). Tres de ellos, Balmori, Costales y Braña, ya no están. El resto sigue, y lo hará previsiblemente hasta el ya cercano final de la legislatura, dado que el Principado presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJA. Y aún no se ha resuelto.