El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas ve «inconcebible» que Reinares siga de concejal

En 2011 el concejal ovetense Jaime Reinares convocó una rueda de prensa y divulgó 54 correos interceptados por un pirata informático. Los mensajes los escribieron la entonces secretaria de la Sindicatura de Cuentas y el aún hoy fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González. El atrevimiento le costó al edil popular una condena de un año de prisión como autor de un delito de revelación de secretos. Reinares la ha recurrido y, ayer, las agendas permitieron que hablara del asunto uno de los afectados.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas participó en Oviedo en unas jornadas sobre la corrupción y se le pidió su valoración sobre la negativa de Reinares a entregar el acta de concejal. «Si hay indicios de infracción penal, es inconcebible que siga», indicó.

«El cargo público tiene derecho a la intimidad de su vida personal, pero en lo público debe mantener una conducta irreprochable», expuso. «Cuando se produce una sombra de irregularidad, creo que no debería seguir desempeñando el cargo público. Sé que es un listón más alto que el de Podemos, pero es mi opinión», agregó.

El fiscal jefe confesó la «insatisfacción» que le producen las «insuficiencias» de unas leyes que le impiden perseguir los casos de corrupción tanto como quisiera. Ocurre, por ejemplo, con la contabilidad de los partidos políticos: «La opinión pública espera que podamos ver los ingresos, los gastos, los proveedores con los que trabajan, tener acceso a las bases de datos del Banco de España y de la Agencia Tributaria para verificar sus operaciones. Sin embargo los partidos son asociaciones privadas a las que sólo podemos fiscalizar en lo que la legislación prevé, es decir, sólo vemos las cuentas que ellos nos rinden».

El radio de acción de la fiscalía lo acota también la falta de medios. «Somos cinco fiscales para toda España, con dos técnicos, cuatro auxiliares y dos secretarias», detalló. Juntos revisan «unos 50 informes del Tribunal de Cuentas al año» de los que el año pasado extrajeron «45 situaciones de ilícito contable, 30 de ilícito penal, dos de ilícito tributario y siete de responsabilidad administrativa».

La segunda fuente que nutre al departamento la suponen los «entre 250 y 300 informes que aprueban los órganos de control externo autonómicos, caso de la Sindicatura de Cuentas». En este caudal encontraron en el pasado ejercicio «92 supuestos de responsabilidad administrativa y 22 de ilícito penal».

La proporción de irregularidades es alta y la amplía el hecho de «hacer caso a los anónimos recibidos; uno de los últimos me contó que en un municipio de 500 habitantes el Consistorio había repartido doce cestas de navidad. Lo hicieron entre los 12 concejales y gastaron unos 4.000 euros; lo investigué y quizás no termine en nada, pero creo en el carácter pedagógico de explicar a ese Ayuntamiento que hay quien puede hacerles devolver el dinero invertido con fines privados».

Al hilo de ello, el fiscal recordó que el Tribunal de Cuentas tiene un criterio sobre los viajes de los cargos públicos: «El dinero público debe costear los viajes relacionados con su función pública, que en el caso de los parlamentarios se desarrolla en las cámaras y en la circunscripción de la que salieron elegidos».

Olayo Eduardo González participó el miércoles en la Junta de Fiscales que respaldó la interposición de una querella contra Artur Mas. Al respecto matizó que la iniciativa no se votó «pero tuvo una abrumadora mayoría», que en todo caso «la decisión de presentarla o no es del fiscal general» y que sus colegas de Cataluña «no se rebelaron; somos una institución jerárquica con unos cauces reglados para mostrar discrepancia con determinadas órdenes. Ellos ejercieron su derecho y eso no es desobedecer».