Javier Fernández: «En política no basta con ser legal»

«En la política no basta con ser legal, no todo lo que puede hacer un político está recogido en el Derecho». De esta forma se pronunció ayer Javier Fernández en el encuentro sobre 'Retos de la calidad de la democracia en el siglo XXI' que organizó la Fundación Sistema en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert en Madrid, donde el presidente del Principado admitió como hecho evidente la desafección política, reconoció la necesidad de que los partidos actúen en consecuencia aplicando reformas y subrayó la importancia de avanzar en las leyes del buen gobierno e incompatibilidades y de la transparencia para gobernar, como ha dicho en otras muchas ocasiones, con «bolsillos de cristal».

El también secretario general de la FSA ahondó en el binomio crisis-corrupción y aseguró que hasta hace apenas unos años ha habido «condescendencia» social con la corrupción, haciendo referencia a tres hitos (el caso de Rosendo Naseiro, tesorero del Partido Popular, investigado por financiación ilegal en 1990; la trama conocida como el Tamayazo, en 2003, y el mensaje de Mariano Rajoy 'Luis lo entiendo se fuerte' a Bárcenas en enero de 2013) que, en su opinión, hoy serían inadmisibles porque se ha abierto un proceso «de transición ética en virtud del cual conductas que antes eran ignoradas ahora no son toleradas». Fernández considera que precisamente el temor a esa condena social es lo que ha hecho que en las filas del PP hayan pasado de «defender la honorabilidad del tesorero infiel y de confortarlo con un mensaje telefónico a declararlo apestado», o del discurso de «'son unos pocos', a pedir perdón a los españoles en el Senado». Un cambio en la actitud del PP que, tal y como apuntó el presidente durante su intervención, aún no ha quedado reflejado en el caso de Jaime Reinares, concejal del Ayuntamiento de Oviedo condenado, que «no se han atrevido a expulsar». El líder socialista opina que para tomar este tipo de decisiones «hace falta coraje» y entender que «corrupción política es algo más que simple delincuencia».

Pasó entonces Fernández a encomiar la actitud de su propio gobierno ante casos de corrupción y concretamente hizo referencia a la expulsión de José Ángel Fernández Villa, para lo que «sólo supe, y me bastó, que él no había desmentido que se hubiera acogido a la amnistía fiscal para regularizar una cantidad millonaria». «Tuve claro que a un dirigente sindical que convirtió el lenguaje de la solidaridad de clase en la cortina de humo de sus fechorías no le podía ofrecer el burladero de la presunción de inocencia», añadió.

Y, en respuesta a acusaciones procedentes de Foro Asturias en las que se referían a su persona como «el mister Proper de la corrupción», el secretario general de la FSA insistió en su reflexión inicial. «No quiero ir por la vida de justiciero implacable. Quiero ir como lo que intento ser: un socialista, convencido de que la responsabilidad política no se dirime en el Código Penal, convencido de que, sea o no tolerante la sociedad con los comportamientos indecentes, nosotros no podemos serlo». Abogó incluso por la «ejemplaridad» para fortalecer la ética política porque, argumentó, «es más difícil creer que de verdad se combate la corrupción cuando uno se muestra remiso a admitir la responsabilidad de alguien próximo en lo político». En su opinión, no sirve «ser condescendiente con la irregularidad del compañero y esperar que llegue el mañana lejano de una decisión judicial absoluta» porque, añadió, «así actúa quien tiene miedo o es incapaz de entender que la democracia española necesita hoy una cura de caballo en reformas, entre las cuales es imprescindible incorporar el ejemplo ético». De hecho, el jefe del Ejecutivo acusó de actuar de este modo -«sobrepasado por los acontecimientos y aferrado a la esperanza de la remontada económica»- al Gobierno del PP que, reflexiona, con esta actitud no hace más que dar «cancha a Podemos».

Cataluña

Imponer la ética política fue sólo uno de los requisitos que Fernández defendió para mejorar la democracia. El otro es la propuesta de alternativas políticas «reales, no eslóganes. Eso vale para hacerse muy popular, lo reconozco, y quizá para ganar a los colegas de la tertulia, pero no sirve para gobernar», espetó en clara alusión a Pablo Iglesias. Habló de alternativas económicas pero también de soluciones para la crisis territorial que sufre actualmente el país. Insistió en que la solución al conflicto «político y sentimental» entre Cataluña y el resto de España pasa por la reforma federal y argumentó que «en un país en el que no se puede centralizar la identidad tampoco se puede centralizar el poder».

Para el presidente asturiano, la consulta independentista acontecida el pasado domingo supone una continuación de «la degradación de la convivencia, el deterioro agravado por la huida hacia delante del independentismo catalán que cifra en la frontera propia la sublimación de todos los problemas de los catalanes», y por la inacción de Mariano Rajoy, «un presidente del Gobierno que es incapaz de ofrecer más alternativa que el cumplimiento lógico y necesario de la ley». Para abordar el conflicto entre Cataluña y España apostó por definir un espacio de negociación entre «el independentismo más insolidario y la ausencia desoladora de cualquier iniciativa».