Fernández Villa ingresa en el HUCA poco después de que la Junta apruebe investigar su fortuna

El exsecretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Ángel Fernández Villa, fue ingresado anoche en el Hospital Universitario Central de Asturias a través del servicio de Urgencias, tras sentirse indispuesto en su domicilio. Se quejaba de fuertes dolores en el pecho. Su esposa, María Jesús, y su hijo, Rolando, le acompañaron al centro sanitario pasadas las ocho de la tarde, y de inmediato fue atendido por los facultativos del servicio de Urgencias, que le practicaron varias pruebas para determinar su estado. Hacia las diez y media de la noche, sus familiares pudieron pasar a la habitación en la que se encontraba Villa. Hasta el centro sanitario se desplazaron varios militantes socialistas y del sindicato minero a título personal, interesados por el estado de salud del exlíder sindical.

Fernández Villa ya apuntó a razones de salud cuando en septiembre de 2013 dejó la secretaría general del SOMA, cargo en el que fue sucedido por José Luis Alperi. Durante los últimos meses, ha ido espaciando sus apariciones en público, si bien se le ha podido ver en diversas acciones reivindicativas y también ha asistido a varias reuniones del consejo de administración de Hunosa, del que forma parte como representante de la Junta General del Principado, a propuesta, en su momento, del grupo socialista. Desde el pasado 8 de octubre, momento en el que se hizo público que la Fiscalía Anticorrupción investiga el origen de 1,4 millones de euros que declaró, ha permanecido en su domicilio de Oviedo.

Acuerdo del Parlamento asturiano

La Junta General acordó investigar el origen de la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa, ex diputado socialista y ex dirigente del sindicato SOMA, y los cinco partidos políticos con representación en el Parlamento asturiano se comprometieron, en el marco del debate sobre el estado de la región, a «destituir» a quienes tengan juicios abiertos por casos de corrupción o por la comisión de algún delito. La Cámara asturiana aprobó, de hecho, casi la totalidad de las propuestas de resolución presentadas (101 de 117) y prácticamente con unanimidad todas aquellas dirigidas a luchar contra la corrupción.

La propuesta de UPyD de constituir una comisión de investigación para evaluar las «posibles ineficiencias, desviaciones e irregularidades» en la gestión de los fondos mineros, así como su posible vinculación con el caso Villa, contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, la pregunta que sobrevolaba ayer los pasillos de la Junta era si realmente es viable hacerlo en lo que resta de legislatura o si se trata de una medida oportunista sin gran recorrido. Todos los grupos coincidieron en que existe tiempo suficiente para constituir la comisión aunque el portavoz de IU, Aurelio Martín, no ocultó sus dudas sobre su eficacia debido a la escasez de «pistas» o «indicios» que existen en la actualidad sobre el caso, del que apenas se conoce la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción después de que el sindicalista se acogiera a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,4 millones de euros.

La comisión de investigación no fue la única propuesta de resolución presentada en torno al caso Villa. El presidente del Principado, Javier Fernández, ya había planteado durante su discurso del pasado jueves un «pacto» entre partidos para que todos los grupos se comprometieran a destituir a quienes fueran «objeto de un juicio oral en casos de corrupción o por la comisión de un delito». Aunque en un primer momento la medida fue tildada de «poco concreta» e, incluso, de «electoralista» por parte de la oposición, finalmente se aprobó por unanimidad. También obtuvo el visto bueno aunque con la abstención de Foro la iniciativa que, en similares términos, presentó UPyD, aunque con el añadido de impedir que estas personas tampoco puedan formar parte de las listas electorales de ningún partido.

La diputada socialista Pilar Alonso planteó en el Pleno dudas sobre si el PP acataría este acuerdo que, en su opinión, implicaría la dimisión del concejal popular en el Ayuntamiento de Oviedo, Jaime Reinares, condenado hace dos meses por un delito de revelación de secretos. Para la popular Emma Ramos, sin embargo, Reinares no se vería afectado por este pacto, ya que su condena «no es firme y está recurrida». Tampoco el PSOE cree que el pacto planteado por su propia formación afecte a ninguno de sus dirigentes ya que, argumentó Fernando Lastra, los casos del alcalde de Pravia, Agustín de Luis Solar, y la regidora de Avilés, Pilar Varela, aunque imputados en sendos procesos judiciales, no están dentro de este supuesto. «No existe juicio oral abierto», zanjó el portavoz.

No fueron éstas las únicas propuestas escuchadas ayer en el Pleno en aras de una mayor transparencia y lucha contra la corrupción. Con el debate del estado de la región marcado por el caso Villa, era de esperar que cada partido, a su manera, se subiera al carro de la regeneración política. De esta manera, Foro planteó un acuerdo para exigir «el juego limpio, las garantías para la información veraz y la transparencia en el reparto de dinero público de la publicidad institucional», que salió adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, igual que la iniciativa popular para intensificar el control de los fondos públicos.

IU logró que el Parlaento asturiano se comprometiera a exigir al Gobierno de Mariano Rajoy los nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal 2012, aunque en la votación Foro votó en contra y el PP se abstuvo. Y UPyD sacó adelante su iniciativa para solicitar a la Fundación de Caja de Asturias un informe que despeje cualquier duda sobre el posible uso de tarjetas opacas por parte de los consejeros de la entidad. Un extremo que un portavoz de Liberbank negaba ayer mismo de forma tajante.