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Andrés Suárez
Jueves, 9 de octubre 2014, 00:11
Además de histórico líder del sindicato 'hermano', el SOMA, José Ángel Fernández Villa lo ha sido todo en el PSOE: miembro de la ejecutiva regional y la federal, diputado en la Junta, senador... Su trayectoria está tan íntimamente ligada al partido que la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción le investiga por la supuesta ocultación a Hacienda de 1,4 millones de euros provocó ayer un terremoto político de dimensiones colosales en la organización. El aturdimiento inicial, una vez difundida la noticia, dio paso a una calculada estrategia para tratar de frenar la hemorragia provocada por una herida política de tal calibre. Una acción encaminada a frenar el golpe que tuvo como protagonista al secretario general y presidente del Principado, Javier Fernández, a quien precisamente Villa aupó al liderazgo del socialismo asturiano en el congreso de 2000. Fernández anunció la expulsión con carácter preventivo del dirigente minero, avanzó que el PSOE se personará en el proceso como acusación particular si se demuestra que el origen de esa «fortuna oculta» es ilegal y dejó una frase con la que intentó sintetizar un sentir común: «Ni el sindicato ni la Federación Socialista Asturiana ni los mineros ni los asturianos merecíamos esto».
Pese al mal trago y al cansancio que apuntaba a una larga noche en vela, Fernández trató de mostrarse tajante en su primera aparición pública una vez activada la polémica. La consigna parecía clara: ser el primero en mover ficha y marcar la posición del partido con contundencia antes de que el hervidero de rumores, declaraciones y valoraciones varias pusiera al PSOE en una posición todavía más complicada. Lo hizo en una medida comparecencia en la que rompió los lazos que pudieran atar tanto al partido como a su persona con Villa de forma radical, anticipando su expulsión, mostrando la voluntad de acudir a los juzgados si el asunto se enreda todavía más y remarcando que con el ex líder minero no hay nada que hablar, más allá de las explicaciones que él mismo pueda ofrecer sobre el origen del dinero.
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Las caras de la cúpula de la FSA que desde un lateral de la sala de prensa de la sede del partido seguían la comparecencia del secretario general evidenciaban el impacto del golpe. A quien fue referente interno durante tantísimos años, bien en público, bien desde la sombra, se le acusa, según la información avanzada por 'El País', de ocultar a Hacienda un montante de 1,4 millones que regularizó aprovechando la 'ventana' abierta a tal efecto en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La normativa permitía regularizar fondos evadidos a cambio de una penalización del 10% de la cantidad escondida. Esa legalización es válida siempre que se pueda justificar la procedencia lícita del dinero.
Que este asunto trascienda a la esfera pública tiene que ver con este último punto. Anticorrupción investiga la procedencia de ese dinero para saber si es legal. La regularización de esos fondos impide acusar a Villa de delito fiscal pero si se constatara que esos recursos vienen de fuentes ilícitas, si podría exponerse a una querella por cohecho o apropiación indebida.
La gravedad del asunto es máxima. Tanto por los hechos en sí -la existencia de una fortuna oculta y la posibilidad de que su origen sea ilegal- como por el protagonista de los mismos, un histórico dirigente del PSOE y el SOMA protagonista principal de las innumerables batallas contra el cierre de la minería en Asturias en las últimas décadas. «Una persona que no solo ha tenido influencia durante años en el socialismo español y asturiano», reflexionó Fernández, «sino que ha sido durante muchos años secretario general de la organización que más y mejor simboliza el movimiento obrero en España».
Cordón de seguridad
Con su salida a escena, Fernández intentó trazar un cordón de seguridad en torno a la figura de Villa que aísle y blinde al PSOE del escándalo. Eso persigue su expulsión «inmediata» del partido y el emplazamiento a Anticorrupción para que llegue «al fondo del asunto, para que se conozca el origen de ese dinero y -aquí lanzó un aviso a navegantes- los eventuales cooperadores que hubiera podido tener tanto para conseguirlo como para ocultarlo». La sensación, argumentó, es de «enorme sorpresa y profunda decepción».
Javier Fernández marcó distancias con quien fuera su principal apoyo para tomar las riendas del PSOE tanto en lo político como en lo personal. Con especial severidad aclaró que ni ha hablado con Villa en las últimas horas «ni voy a hablar con él», añadiendo que «es él quien tiene que dar explicaciones». Datos por escrito, evitando así cualquier contacto verbal, sobre esa presunta ocultación de dinero y sobre el origen del mismo, tal y como se pide en el frío burofax remitido ayer al sindicalista y firmado por el número dos de la federación, Jesús Gutiérrez. Escrito en el que se aprovecha para comunicarle su suspensión cautelar de militancia y la apertura de un expediente informativo.
A escasos ocho meses de las elecciones autonómicas y locales, el escándalo abre un frente al PSOE de incalculables consecuencias. El cortafuegos de ayer -el movimiento rápido, la expulsión, la amenaza de acudir a los juzgados...- supone un primer dique, a la espera de la evolución de los acontecimientos. Fernández admitió el «daño» que este episodio provoca sobre la organización y, en una clave más íntima, admitió que las relaciones entre ambos, otrora cercanas, quedan tocadas «de manera irreversible». Que estos acontecimientos provocan una honda preocupación en el PSOE quedó claro cuando el secretario general y presidente regional admitió que este caso es «por la cercanía, por lo simbólico, más grave» que otros que monopolizan la atención mediática en estos días, como el que protagoniza Jordi Pujol o el de las tarjetas de Bankia.
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