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Lunes, 4 de agosto 2014, 00:36
Finales de junio de 2012. El PSOE había recuperado la Presidencia del Principado en unas elecciones celebradas justo un mes antes. No hubo tiempo ni tan siquiera para instalarse. El Gobierno de Javier Fernández tenía que presentar con urgencia un plan económico al Ministerio de Hacienda que evitase la intervención con la que habían amenazado desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro. En esa relación de medidas de ajuste, el Ejecutivo asturiano contemplaba la venta de patrimonio inmobiliario. Incluía, por ejemplo, desprenderse de las sedes que el Principado había adquirido en Madrid y Bruselas y con las que, en su día, se pretendía tener mayor presencia en sendas capitales. La realidad de los tiempos había inviable mantener abiertas ambas dependencias. El primero que así lo entendió fue el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. El Ejecutivo de Foro no dudó y anunció su intención de deshacerse de las dos propiedades. Sin embargo, esta etapa apenas duró un año y en ese periodo no dio tiempo para a llevar a la práctica sus deseos.
No es que Javier Fernández haya compartido muchas de las iniciativas adoptadas por Cascos en la Presidencia, pero, sin embargo, sí coincidió a la hora de señalar a las 'embajadas' (como se les denominaba coloquialmente) como ingresos potenciales justo en un momento en que la crisis provocaba una caída de la recaudación.
El Principado estimó inicialmente la posibilidad de obtener con estas ventas de patrimonio una inyección económica de 25 millones. Así quedó reflejado en el primer proyecto de presupuestos del PSOE. Una cantidad inferior a la que había tasado el Gobierno de Foro, que sacó a subasta ambas sedes por 29 millones inicialmente. El precio de salida de las dependencias de Madrid fue de 11,2 millones, mientras que la propiedad de Bruselas se situaba en los 17,5 millones.
Poner en el mercado ambos inmuebles garantizaba, en el caso de que se hubiera materializado la venta a esos precios, unas importantes plusvalías de 15,3 millones. Según datos facilitados en su día por la Administración, el Principado invirtió en su día 13,5 millones en la adquisición y remodelación de las dos sedes.
Lo cierto es que las cantidades que manejaba Asturias no han resultado atractivas a ojos de los posibles compradores. No ha habido ofertas que se acercaran ni tan siquiera a la petición económica del Principado. Buena prueba de ello es que la Consejería de Hacienda rebajó en más de cinco millones el precio de los inmuebles a principios del presente ejercicio con el objetivo de conseguir colocar, al menos, uno de ellos. Sin embargo, transcurrida la mitad del año sigue sin tener una oferta firme que permita pensar en una hipotética venta.
«No tenemos intención de malvender nada», aseguró la titular de Hacienda, Dolores Carcedo, durante una comparecencia ante la Cámara para dar cuenta de las negociaciones que, según explicó, se mantenían con algunas personas interesadas en su adquisición. Sin embargo, aquellas conversaciones no han fraguado y el Principado sigue sin poder desprenderse de ambos inmuebles. Una espera que la oposición ha utilizado para criticar al Gobierno socialista. Consideran que el Ejecutivo ha hecho «trampas» cuando ha incluido en el proyecto de presupuestos unos ingresos que no se han cumplido al no haber culminado con éxito la venta de los inmuebles.
«Si realmente tenemos interés en desprendernos de estas propiedades, el Principado debe hacer algo para facilitar su comercialización», afirma el diputado del PP Matías Rodríguez, que anuncia la intención de su grupo en pedir, cuando empiece el nuevo curso político, explicaciones a la consejera a través de una interpelación en el Parlamento. Los populares, que opinan que lo mejor hubiera sido no haber comprado ambas sedes, lamentan que desde el Ejecutivo no se haya presentado un «plan serio» ni se haya adoptado alguna medida concreta para atajar esta situación.
«Están engañando a los ciudadanos», advierte la diputada de Foro Cristina Coto, que reprocha al Gobierno que lo consigne en los presupuestos. «Pasa el tiempo y no son capaces de venderlo», añade. «Es una actuación frívola y tramposa», comparte esta misma tesis Matías Rodríguez, que observa «irresponsabilidad» en la gestión financiera.
El Principado está dispuesto a explorar, según palabras de la propia consejera, «todas las opciones» para que deje de ser un problema económico. No se debe obviar que el mantenimiento de ambas instalaciones ha tenido y tiene un coste significativo para las arcas de la Administración. Buena prueba de ello es el abandono que, por ejemplo, ha sufrido la sede de Madrid, donde se han llegado a instalar mendigos en busca de un techo.
Desde la Consejería de Hacienda se aceptó rebajar hasta un 15% el precio con el que habían puesto en el mercado los dos inmuebles, pero no parece muy dispuesto a reducir más la oferta, al menos, hasta ahora. Fuentes consultadas por este periódico, dejan abierta la puerta a un cambio de estrategia que permita la venta antes incluso del final de la legislatura, aprovechando el repunte que está experimentando el mercado inmobiliario. «Nos vamos a replantear qué hacer», confirma una voz autorizada. Eso sí, este cambio implicaría realizar una nueva tasación de ambas propiedades para volver a sacarlos a subasta en busca de compradores.
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