Una notificación acompañada del relato de los hechos

La carta que los afectados por el incendio de Uría están recibiendo estos días, y donde se les comunica que el periodo de respuesta a las reclamaciones patrimoniales se demora seis meses más, va acompañada por un informe en el que se explica cómo vivió el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento aquel 7 de abril. Este documento comienza relatando que la centralita de Bomberos recibió a las 12.01 horas una llamada del 112 Asturias en la que se les comunica que se había producido un fuego en el número 58 de esta céntrica vía. Dos minutos después, el vehículo de primera salida y la autoescalera salen de Rubín y por el camino los agentes reciben la notificación de que las llamas tenían un origen eléctrico. Una vez allí, los funcionarios locales se dieron cuenta de la gravedad del asunto y el entonces jefe del servicio, José Manuel Torres, se acercó a Uría con un vehículo particular. Él fue el encargado de «transportar las botellas de aire solicitadas, así como el equipamiento de protección de un bombero» que se ofreció a ayudar a sus compañeros. Este documento acaba diciendo que tras el derrumbe, se impidió el paso al edificio 25 de la calle Melquíades Álvarez y se atacó el incendio desde el exterior.

Han pasado seis meses desde que las partes afectadas por el incendio de Uría 58, que tuvo lugar el 7 de abril de 2016, presentasen sus reclamaciones patrimoniales y el Ayuntamiento aún no les ha dado respuesta. Es más, ha demorado este proceso seis meses más. Alega que los medios que tiene «son claramente insuficientes, debido al número de solicitudes formuladas y personas afectadas», tal y como se refleja en la resolución que la Concejalía de Seguridad Ciudadana está enviando estos días a las partes afectadas.

A pesar de esta prórroga, la Administración local ha empezado a dar los primeros pasos para estudiar cada caso. El concejal encargado, el socialista Ricardo Fernández, ha nombrado un instructor y un secretario y ha «acumulado todas las reacciones bajo un mismo expediente», según explica el abogado Francisco Pérez Platas, que representa a la familia del bombero fallecido durante las labores de extinción, Eloy Palacio.

Asimimo, Miguel Teijelo, representante de la propiedad de Uría 58, añade que el Ayuntamiento les ha dado un plazo de «diez días» para que los reclamantes «propongan las pruebas que estimen pertinentes para la comprobación» de los hechos, en virtud de los cuales se dictará una resolución y en caso de que sea favorable se fijarán las indemnizaciones que las arcas municipales pagarán a los afectados.

Los afectados entregaron estas peticiones en abril, días antes de que se cumpliese el primer aniversario del trágico suceso. La ley establece que el Ayuntamiento tiene seis meses, prorrogables otros tantos, para responder a estas peticiones. Si no lo hace, los afectados pueden llevar el caso al Juzgado Contencioso-Administrativo y los jueces serán los encargados de dictaminar las indemnizaciones.

Algunas de las partes ya han dicho que no quieren abrir esta vía y que esperan llegar a un acuerdo. Sin embargo, temen que haya silencio administrativo y que no les quede más remedio que acudir a los juzgados de Llamaquique.