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juan carlos abad
Miércoles, 4 de abril 2018, 13:26
Tras las declaraciones de los policías que en diferentes momentos de la vida del edificio okupado en General Elorza 32, el juicio ha quedado visto para sentencia. El fiscal, en sus calificaciones definitivas ha expresado, entre valoraciones acerca de los movimientos sociales, el 15-M.
Lo dijo el fiscal en su calificación final: «Estos diez están aquí porque los hemos pillado», en una causa montada sobre informaciones en prensa acerca de las actividades de La Madreña como bien se han encargado las defensas de denunciar. «No hay prueba distinta a las 1000 autoinculpaciones que existen en el proceso», explicó Nieves Cigales, una de las abogadas en el alegato final.
El fiscal, que ha elevado la petición de pena a Rubén Rosón y Andrés Fernández por su condición de cargos electos ha 4.500 euros, ha querido inculpar a Rosón en la manifestación posterior al desalojo del centro social autogestionado con protesta de su defensa por no estar en el escrito de acusación.
Otro de los acusados, Iván Martinez, sindicalista y con trabajo estable, también ha visto como su petición de penas se ha incrementado a 2.160. El resto de los siete afronta multas de 1.440 euros.
Las declaraciones de los policías que trataron de notificar la denuncia un día después de la okupación, los que identificaron al descargar material de una obra de teatro o los que se pasaban por allí en sus rondas, coligieron que «el edificio estaba abierto y la gente entraba y salía y nunca les dijimos que no podían entrar».
Pese a las retóricas de por qué se okupó La Madreña, para «denunciar la operación de los palacios», como afirman imputados y allegados, lo cierto es que la sala de lo Civil y lo Penal del TSJA tiene ahora que decidir si los hechos que se juzgan casan con el tipo penal de usurpación cuando el edificio de Sedes estaba abandonado cuatro años antes de noviembre de 2011.
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