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Martes, 16 de mayo 2017, 00:39
Mercedes Díaz Amodia, nombrada instructora del expediente de responsabilidad patrimonial, ha presentado un escrito en el que solicita ser apartada del caso. Alega como causa para su abstención su relación, su trato personal, con uno de los implicados, el que fuera sempiterno concejal de Economía de Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares. En realidad, a la jefa de Gestión Tributaria le tocó ser instructora del mismo casi por sorteo. El equipo de gobierno, desesperado ante la negativa de los funcionarios a instruir los procedimientos internos, pese a que es su obligación y responsabilidad, decidió establecer un turno rotatorio para su llevanza. Ahora, el Ayuntamiento -el director general de Interior, previsiblemente- deberá responder a su escrito, señalando si acepta esa relación personal como causa de abstención de la funcionaria. En caso afirmativo, correrá el turno y la junta de gobierno nombrará nuevo instructor o instructora para el mismo. El asunto es complejo y tiene una vertiente política, pero también puede acabar señalando a funcionarios como coresponsables de la mala gestión de la expropiación. El informe de la Universidad, por ejemplo, señala al anterior jefe de Gestión Económica que aceptó pagar el IVA de la expropiación, medio millón de euros, pese a que las expropiaciones están exentas. Eso sí, está prescrito.
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