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GONZALO DÍAZ-RUBÍN
Lunes, 7 de septiembre 2015, 00:20
Con las nóminas de septiembre ya en el bolsillo, muchos trabajadores del Ayuntamiento se llevaron una sorpresa. Agradable, porque incluía un extra de casi 700 euros e inquietante, porque se trata de una retribución «ilegal». El Consistorio ha decidido mantener la 'bolsa de San Mateo', pese a las advertencias sobre su ilegalidad que figuran en los informes de la sección de Personal y en los anexos a la tramitación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo.
La citada 'bolsa de San Mateo' fue creada para compensar la congelación de los salarios a los funcionarios de los años 94 y 97, es «una gratificación» con carácter «general» que no tiene cabida en las retribuciones de la función pública, según los informes técnicos. Supone el pago a cada trabajador de 689 euros, según la revisión del convenio y unos 500.000 euros al año. Durante las negociaciones de la RPT, varios sindicatos plantearon incorporarla a la masa salarial para evitar perderla.
No es la única retribución en peligro. Pese a las buenas intenciones declaradas en la tramitación del nuevo organigrama, el Ayuntamiento sigue pagando complementos de productividad «fijos en su cuantía y su devengo», ilegales según reiterada jurisprudencia de los tribunales. Para complicarlo aún más, muchos empleados perciben productividad y productividad personal transitoria, la medida incluida para evitar que la rebaja de los niveles de complemento incluida en la Relación de Puestos de Trabajo mermase los sueldos de la actual plantilla. El Consistorio paga 2,8 millones de euros al año por estos conceptos.
La situación no es fácil. La semana pasada, el equipo de gobierno anunciaba la «inminente» formación de una nueva Mesa General de Negociación en la que se abordaría una solución extrajudicial a los conflictos planteados contra la citada nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que entró en vigor en marzo. Tan inminente, que estaba convocada para el día siguiente; tan complicada, que no se celebró. Amparándose en un dictamen de la directora jurídica, el equipo de gobierno pretendía incluir en la mesa a AFIAO, ahora fusionado y amparado por CSIF y que representa a los trabajadores más críticos, en su mayoría técnicos medio que ven rebajados sus niveles con el organigrama. Con ello pretendía suspender los nueve recursos planteados contra la RPT desde la órbita sindical. Sin embargo, el resto de sindicatos se plantó. Consideró ilegal la nueva composición de la mesa general y amenazó con impugnar sus reuniones. Todo está parado otra vez.
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