La jueza abre diligencias por posible tráfico de influencias en el contrato de 'los palacios'

En el entorno del alcalde creen que no es casual que la Fiscalía denunciase ante el juzgado un posible delito de tráfico de influencias en la tramitación del contrato de 'los palacios' a las puertas de la campaña electoral. El auto lleva fecha del 24 de abril, cuando las denuncias de IU y PSOE se presentaron en agosto y noviembre del año pasado, respectivamente.

Desde ayer, pueden añadir un motivo más para la 'conspiranoia'. Con el puente de mayo por el medio y en el primer día hábil, el 4, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3, Begoña Fernández, dictó un auto, notificado ayer a las partes, en el que ordenaba la apertura de diligencias previas porque los hechos «hacen presumir la existencia de un delito contra la administración pública de tráfico de influencias».

Dado que la denuncia del Ministerio Público no indicaba «la naturaleza y circunstancias» de los hechos presuntamente delictivos, «ni las personas que en ellos han intervenido», la magistrada acuerda abrir la investigación y da 10 días de plazo a las partes implicadas en la operación urbanística para que le remitan una serie de documentos clave en los numerosos cambios habidos en el contrato del Ayuntamiento con la empresa de los Cosmen y Lago, Jovellanos XXI.

Parte del trabajo se lo ahorraron los denunciantes. El portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, trasladó a la Fiscalía el documento de conclusiones de la comisión de investigación sobre el contrato de 'los palacios'. No señaló posibles delitos ni responsables, pero entre los folios viajaba un completo resumen de los avatares de la operación, copia del contrato original y documentos sobre su resolución y liquidación, esa en la que el Ayuntamiento señala que entregó derechos edificatorios «en exceso» por valor de 95 millones de euros a la empresa. El PSOE añadió responsables -todos cargos del PP- y señaló la existencia de posibles delitos de «tráfico de influencias, coacciones, prevaricación y malversación de capitales públicos». También un resumen de los cambios en las valoraciones de los activos cedidos a la empresa.

Sobre esa base, la jueza requiere a los representantes legales de las mercantiles Santiago Calatrava LLC y Jovellanos XXI S.L. copias de los contratos de colaboración suscritos entre ambas partes en agosto de 2000 y los posteriores de 2001, incluida la carta en la que el arquitecto confirmaba su compromiso con la redacción de los proyectos para las parcelas de El Vasco y Buenavista. También, el de el 9 de diciembre de 2008, por el cual Calatrava se desentendía de la operación en Jovellanos 2. Así como, el proyecto básico de los tres rascacielos que la empresa propuso construir ese mismo año (en abril) en ese solar, y el informe jurídico que lo avalaba del «profesor Raúl Bocanegra».

Del Ayuntamiento y Sedes

Al Ayuntamiento, le exige que entregue copias de la compra a Cinturón Verde de los terrenos de la antigua estación de tren «para Palacio de las Artes» en 2001 y por 3,6 millones de euros. Y así mismo la documentación de uno de los cambios clave en el contrato: la autorización de grandes superficies comerciales en ambos solares en 2005. Requiere la contestación del Principado -la competencia es regional- a la solicitud hecha por la empresa, a través de un recurso de reposición a la revisión del PGOU, a la que no había alegado antes y que dio vía libre al centro comercial de Buenavista, vendido a una empresa holandesa luego por 130 millones de euros y a la autorización de 45.000 metros comerciales en El Vasco aún sin licencia. Además solicita el informe del Consejo Consultivo sobre la resolución del contrato y la sentencia dictada en el concurso de Jovellanos XXI, ahora en liquidación.

La magistrada también interesa de la empresa semipública Sedes que le envíe las escrituras públicas de la compra a Jovellanos XXI de las 'alas' del complejo de Buenavista por 58 millones de euros en 2004. Una operación auspiciada desde el Gobierno del Principado de Vicente Álvarez Areces, que después permutó las oficinas a Sedes por varias parcelas edificables. El 'negocio' arruinó a la sociedad, que lleva cuatro EREs desde entonces. Los trabajadores denunciaron el año pasado estos hechos ante la justicia. La magistrada también solicita a su compañero de Instrucción Número 2 que le remita una copia de la denuncia.

A los trabajadores de Sedes se refirió el portavoz de IU ayer. Roberto Sánchez Ramos celebró la apertura de diligencias y quiso recordar que fueron ellos los que «padecieron en carne propia» los excesos de «aquellos años» que, definió, como del «'Tini-Gabinismo'».

La candidata de Somos (Podemos más independientes) y abogada, Ana Taboada, recordó que ella ya representa a una acusación popular en la denuncia de los empleados de la constructora semipública y anunció su intención de personarse también, asumiendo ella misma la dirección jurídica en esta causa.

Para el portavoz socialista, Alfredo Carreño, la apertura de la instrucción «demuestra que estábamos acertados cuando señalamos la supuesta comisión de hasta cuatro delitos, entre ellos el de tráfico de influencias por parte de el exalcalde, Gabino de Lorenzo y de algunos de sus concejales. Entre ellos el actual alcalde, Agustín Iglesias Caunedo».