El PSOE dice que Caunedo «no puede eludir su responsabilidad» en los palacios

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Carreño, ha afirmado hoy que el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, "no puede eludir su responsabilidad política" en la operación de los Palacios.

En un comunicado, Carreño se ha hecho eco de la denuncia interpuesta por la Fiscalía ante el juzgado de guardia de Oviedo al apreciar indicios de un delito de tráfico de influencias en el contrato del proyecto impulsado por el Ayuntamiento al no garantizar los principios de transparencia e igualdad de la contratación pública.

A su juicio, Caunedo "no puede eludir su responsabilidad política como heredero y corresponsable de una gestión de 24 años del PP en Oviedo", junto con el anterior alcalde, Gabino de Lorenzo, y los exconcejales José Agustín Cuervas Mons y Jaime Reinares, quienes "aparecen en la denuncia del Grupo Municipal Socialista".

El PSOE presentó el pasado 21 de noviembre un escrito ante la Fiscalía en el que denunciaba una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delito, "en referencia al conocimiento previo por parte de la adjudicataria de la Operación de las condiciones iniciales del contrato que había firmado, así como por la elaboración a conveniencia de las condiciones para la adjudicación del citado concurso".

Carreño ha dicho que, "aún sabiendo que estamos en un momento procesal inicial, es evidente que la decisión de la Fiscalía confirma el trabajo serio y riguroso efectuado por el Grupo Municipal", que cifra el posible perjuicio económico para las arcas municipales en al menos 95 millones de euros.

El Ministerio Público ha adoptado esta decisión después de que IU presentara una denuncia a la que incorporaba además el informe elaborado por la coalición tras la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento que se saldó con un dictamen del que se excluía la exigencia de responsabilidades políticas.

A la denuncia de IU se había sumado otra del PSOE, que la Fiscalía optó por unir, al advertir los socialistas la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, exacciones ilegales, prevaricación administrativa y malversación en dicha operación.