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Varios imputados con su abogada; Eduardo Menéndez, de Ecologistas en Acción; y un grupo de ciudadanos en apoyo al colectivo.
Imputados de La Madreña se personan en la querella contra la operación de 'los palacios'

Imputados de La Madreña se personan en la querella contra la operación de 'los palacios'

Acuden al juzgado, dispuestos a «impulsar» la querella de los empleados de Sedes «y decir que desde hoy los delitos de corrupción no prescriben»

Ana Salas

Martes, 20 de enero 2015, 00:13

Diego Díaz, David Acera, Rubén Rosón y Pablo Capa son los imputados por ocupar el derribado edificio de Sedes en General Elorza que ayer anunciaron, acompañados por medio centenar de ciudadanos que les apoyan, que se han personado como acusación popular en la denuncia puesta por los trabajadores de Sedes por considerar que la operación de 'los palacios' es la causa de la ruina de la compañía con participación pública. Lo hacen a través de Ecologistas en Acción y ayer junto a su abogada, Ana Taboada, explicaron en la biblioteca de El Fontán los motivos por los que acuden al juzgado, dispuestos a «impulsar» la querella de los empleados de Sedes «y decir que desde hoy los delitos de corrupción no prescriben».

Taboada, que ha solicitado el expediente de la comisión de investigación realizada en el Ayuntamiento, considera que la empresa podría haber cometido un delito societario; y el Principado, delitos de prevaricación y fraudes por haber evitado los cauces de la ley de contratación pública.

Quieren sentar en el banquillo a todas personas de la administración, tanto técnicos como políticos, que tomaron decisiones a lo largo de la operación iniciada hace más de una década. Sin dar nombres, apuntaron a responsables de Sedes, y a «los últimos equipos de Gobierno municipal y de Asturias», añadió Acera que lamentó que se siga gastando dinero público para «perseguir a ciudadanos que no han cometido ninguna acción que sea reprobada por la mayoría social».

En su opinión, tratan de «ocultar la vergüenza de una operación que, al menos, ha supuesto dilapidar dinero público a manos llenas, más de cien millones de euros», cuantificó Acera. Pidió ayuda a los ciudadanos para que finalmente se esclarezca lo ocurrido en la operación urbanística.

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