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C. GARCÍA
Jueves, 7 de agosto 2014, 07:24
A la consejera de Fomento, Belén Fernández, el anuncio del Ayuntamiento de acudir a los tribunales le coge totalmente por sorpresa. No solo porque solo una día antes (el martes) la reunión entre el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y el concejal Gerardo Antuña se desarrolló en un tono cordial y nada hacía sospechar la decisión municipal de «optar por la litigiosidad», sino también porque los servicios jurídicos del consorcio tienen total «seguridad y convicción del amparo legal» de la decisión acordada «por el interés general».
De momento, a falta de conocer los detalles, la titular del rango esperará tener el texto del acuerdo para valorar la postura del equipo de gobierno de Caunedo. Hace apenas una semana -fue el viernes pasado-, todos los miembros del consejo de administración del CTA -ayuntamientos, Federación Asturiana de Concejos (FACC), FADE, sindicatos, operadores de transporte, consumidores y la Administración regional- respaldaron por «unanimidad, sin fisuras y con rotundidad» el acceso directo de los autobuses interurbanos hasta el recinto de La Cadellada, tal y como vienen haciendo hasta ahora. Y lo decidieron así porque el «interés público» debe estar «por encima de los intereses sectoriales». Y en este caso, ya aseguraban, que hay argumentos de sobra que avalan ese interés general: «La vocación del HUCA como servicio regional; la necesidad de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y las asociaciones; y la plena concordancia con la legislación», sentenciaba la titular de Fomento, Belén Fernández.
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