El Principado reconoce que necesita «otros recursos» para acoger a menores conflictivos

«Me ha gustado lo que ha dicho el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales del Principado: estamos ante retos nuevos y hay que replantear nuestra propia actuación. Evaluar la respuesta que damos a estos menores con conductas disruptivas». Pilar Varela no quiso poner paños calientes a la situación. Los expertos en infancia y adolescencia llevan una década alertando de la aparición de un nuevo fenómeno: menores, de ambos sexos, miembros de familias no desestructuradas y sin problemas económicos, con una infancia aparentemente feliz que, al llegar a la adolescencia, se convierten en personas con problemas de conducta y adicciones. En personas que agreden a sus progenitores. Sobre todo, a sus madres.

Tras unos años de silencio, las familias han comenzado a denunciar a sus hijos a la Policía. A llevarlos ante el Fiscal de Menores e, incluso, a ceder la tutela, de forma temporal, al Principado. Lo hacen ante su incapacidad de frenar la violencia y el consumo de drogas de sus vástagos. Pero la respuesta de la Administración está siendo puesta en tela de juicio en los últimos días.

Una madre gijonesa acudió el pasado martes a EL COMERCIO para contar que, tras seguir todos los pasos -denunciar a la Policía, conseguir del fiscal una condena y ceder la tutela de su hija- «la han ingresado en la Unidad de Primera Acogida (UPA) del Fundoma de la que se fuga a diario para seguir bebiendo». El último episodio lo vivió en la noche de Comadres: se encontró a su hija drogada en un parque gijonés.

Ante esta realidad, la consejera de Derechos y Servicios Sociales explica que se trata «de jóvenes con problemas de conducta muy complicados, que comenzaron muy temprano en el consumo de drogas». Y reconoce que «la UPA no es un centro de menores, es una unidad de primera acogida, donde se evalúan y diagnostican las situaciones de los menores, para buscar para ellos la mejor situación de protección».

Defiende Varela la «profesionalidad de los profesionales de la UPA», cualidad que «no está puesta en duda», como tampoco «que no se puede culpabilizar ni a las familias ni a los menores».

Dispositivos residenciales

Para dar respuesta a estas nuevas necesidades, Varela deja claro que «no hay ninguna receta mágica», pero anuncia que trabaja ya «con la Universidad de Oviedo en un programa para la formación de familias», así como con entidades sociales «como Trama, Cruz de los Ángeles, Hogar de San José y Proyecto Hombre», que ofrecen atención residencial y terapia a los menores.

El programa Reciella, de Proyecto Hombre, fue destacado por Varela: «Admiro mucho lo que hacen con las familia y con los menores». Dicho esto, anunció la revisión del sistema de protección a menores, «pero contando con todos los profesionales».