Los expertos piden más medios para el centro del que se fugaron once menores en un día

«La Unidad de Primera Acogida (UPA) del Fundoma nació para atender a menores desamparados, pero ahora lo que llegan son menores conflictivos. Y el centro no está preparado para eso porque sigue con el mismo protocolo de actuación de hace años». Los profesionales en infancia coinciden en su apreciación. Tanto el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales del Principado de Asturias (Copespa) como trabajadores de la UPA enviaron ayer el mismo mensaje: «La realidad ha cambiado y a la Administración le ha sobrepasado. Está ofreciendo respuestas de hace diez años a casos de ahora, que nada tienen que ver con aquellos».

Se refieren al ingreso en este centro, ubicado en las instalaciones del Fundoma en Oviedo, de menores con problemas de conducta y adicciones. Menores como la joven gijonesa cuya madre cedió la custodia al Principado en diciembre, para buscar solución a sus problemas de conducta y adicciones. Tal y como María (nombre ficticio) narró a EL COMERCIO, la actuación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales se resumió en ingresarla en la UPA. «De donde se escapa a diario», dice, habiendo protagonizado una fuga de más de una semana «en la que participaron otros críos». Hasta once en un mismo día se han ido de la UPA.

Sin horario y con dinero

«Somos un centro abierto», explican algunos de los profesionales del mismo. «Por aquí hemos visto de todo. Nacimos hace más de treinta años como unidad para atender a los menores, de entre 12 y 18 años, a los que tutelaba el Principado por una situación de desamparo familiar. Después nos convertimos en el dispositivo que acogía a los menores extranjeros sin familia, sobre todo africanos. Ahora, el perfil ha cambiado, la mayoría de los usuarios (el centro tiene 16 plazas) son adolescentes españoles con familia, pero con problemas de conducta. Pero el protocolo no ha cambiado», argumentan a este periódico.

Un protocolo de régimen abierto que fija horario libre de 16 a 22 horas, de lunes a viernes, y hasta la una de la mañana los fines de semana. Un protocolo que marca una paga semanal de 8 euros, que en otros centros llega a los 15. «Los que son mayores de 16 años no están obligados a cursar estudios. Con lo cual muchos no hacen nada. Y nosotros no tenemos cómo obligarles a hacerlo», añaden las mismas fuentes.

«Están como en un hotel», resume la madre de la menor gijonesa que aún sigue en la UPA. «En casa la castigaba sin salir, no tenía paga y le he quitado el móvil muchas veces. Ahora, el Principado la deja salir, no le dice nada si no vuelve al centro y le da dinero cada semana. ¿Cómo voy a evitar que siga drogándose si le dan libertad y paga?».

Repensar los servicios

«O somos capaces de repensar los servicios sociales o a EL COMERCIO no irá una madre, irán 300». Flor González, portavoz del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras del Principado, ha escuchado muchas historias como la de María. «Tenemos un problema que no estamos viendo. Las familias han cambiado, la situación social ha cambiado. Familias normalizadas tienen muchos problemas y no hay respuesta para ellas», sostiene. Y advierte de que «los problemas de agresión de menores a sus padres van en aumento. Cada vez vemos más casos».

Para ellos, la respuesta de la Administración «no es la adecuada. Pero no solo la del Principado, la de la sociedad en general. A la Administración la realidad de los menores le ha sobrepasado. No ha modificado sus estructuras. La UPA es una unidad de primera acogida. De evaluación. Pero no es un centro donde se ofrezcan los cuidados y las terapias que necesitan estos adolescentes. No porque la UPA lo haga mal, sino porque no está pensado para eso», asegura Flor González.

Por ese motivo, la directiva de Copespa insiste en la necesidad de «trabajar con los profesionales». Entiende González que los educadores sociales «cumplimos una función muy importante en la prevención de este tipo de casos» pues, asegura, «el trabajo hay que hacerlo mucho antes, desde el colegio. Estas familias que cuentan esta realidad, de que todo iba bien hasta la adolescencia, realmente están enviando muchos mensajes de alerta: las cosas no iban bien antes, aunque no lo supieran bien», matiza.

Flor González deja claro que «no hay que culpabilizar a las familias. Ni a los menores. Se trata de que la sociedad ha cambiado y hay que saber cómo enfrentarse a los cambios». Una ayuda que ofrece el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales a la Fiscalía de Menores. «Vemos que el fiscal plantea el ingreso de esta menor en un centro de mayor contención. Quizá no sea lo que ella necesita. Lo que le hace falta es mayor cuidado y atención, por eso nos ofrecemos como mediadores. No hablamos de gasto, sino de inversión».

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