Un acuerdo con la Unión de Comerciantes reduciría los trámites para la renta social

Xixón Sí Puede, IU y la Unión de Comerciantes alcanzaron un «principio de acuerdo» para pedir al gobierno que tenga en cuenta la fórmula planteada por la asociación empresarial para que las ayudas de carácter finalista que se concedan en el marco del nuevo 'plan de emergencia social-renta social municipal' pasen de ser tan solo «una inversión social» a «una inversión productiva que repercuta en el comercio local, uno de los sectores que más empleo genera».

La propuesta de la Unión de Comerciantes pasa por el desarrollo de una herramienta informática que permita facturar bienes y servicios a los beneficiarios de las ayudas municipales, con cargo a un «crédito virtual» personalizado. No habría transacciones dinerarias, aunque tampoco «vales, ni tarjetas. No vamos a volver a la libreta», aseguró la gerente de la entidad, Carmen Moreno. Esta medida estaría orientada a perceptores del salario social básico, que no podrán percibir del Ayuntamiento una renta periódica, pero sí ayudas finalistas, esto es, concedidas para un fin concreto.

Un ejemplo sería una persona a la que los servicios sociales le aprueban 80 euros para la compra de unas gafas. Se le reconocería en el sistema informático un crédito de consumo por esa cantidad, asociado a su Documento Nacional de Identidad y, posiblemente, a un código de seguridad, y se le informaría de las tiendas disponibles para la adquisición de ese producto. El comercio emitiría la factura contra el crédito que conste en la herramienta digital y se la facilitaría directamente al Ayuntamiento, que podrá saber en todo momento cuánto y qué consumen los beneficiarios de sus ayudas finalistas. Igual que una óptica, podrían beneficiarse los servicios de reparación de elementos de la vivienda, las tiendas de muebles y electrodomésticos u otros comercios que ofrezcan bienes que puedan ser reconocidos como de primera necesidad.

Xixón Sí Puede e IU destacaron el beneficio que tendría una herramienta de este tipo para facilitar los trámites tanto a los beneficiarios de las ayudas como al propio Ayuntamiento. Los primeros no tendrían que justificar sus gastos, pues lo harían directamente los comercios. Y la administración no tendría que revisar las facturas una a una, pues en un supuesto como este la ley permite recurrir a técnicas de muestreo. «En Gijón hay 5.000 perceptores del salario social, si cada uno entregara tres o cuatro facturas, serían 20.000. Imagínense tramitarlo. La imagen sería caótica», señaló el portavoz de IU, Aurelio Martín.

La Unión de Comerciantes aseguró que, de ponerse en marcha esta medida, podrían beneficiarse de ella todos los comercios locales y no solo sus socios. Sí pide diferenciar entre pequeño comercio y grandes superficies, «para garantizar que hablamos de una inversión en la ciudad y en empresas cuya fiscalidad está aquí».

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