«Me dicen que ponga la vacuna en la privada»

En el centro de salud de El Coto ha aparecido un cartel en la zona de Pediatría del que nadie se quiere hacer responsable. En él se dice que «a partir del 1 de marzo de 2016, en este centro no se administrarán vacunas que no estén incluidas en el calendario vigente». Ni el centro, ni sus profesionales, ni tampoco la Consejería de Sanidad, con los que se ha puesto en contacto EL COMERCIO, reconocen dicha nota como suya pero el caso es que muchos usuarios se han visto afectados por la decisión de dejar de administrar vacunas que no figuren en el calendario oficial.

Una de ellas ha sido la madre de un pequeño al que le debían suministrar la vacuna de la meningitis B, que no está financiada por la sanidad pública pero que su hijo debe recibir porque está dentro de los grupos de riesgo. «En el centro de salud de El Coto me dijeron que desde el 1 de marzo, por culpa de un decreto, ya no pueden poner este tipo de vacunas. Que me vaya a la privada». Y fue lo que hizo. Pagó 15 euros, además de los 110 que le costó el fármaco del que se necesitan dos dosis, «para que le dieran la vacuna» a su hijo.

En medio de este caso, del que ni los profesionales ni la Administración se quieren hacer cargo, parece estar la entrada en vigor del polémico decreto de prescripción de enfermería. La normativa aprobada por el Ministerio de Sanidad recorta a los enfermeros y enfermeras muchas de las funciones que venían realizando hasta ahora según un protocolo. Aplicando el decreto a rajatabla, los profesionales de la enfermería pasan a necesitar de una autorización expresa del médico. «Tanto para administrar una crema como para poner una vacuna», precisan. En algunos centros de salud las enfermeras se han plantado, como es el caso de El Coto, y se niegan a realizar determinadas funciones que ahora les son vetadas sin dicho permiso. Lo hacen en señal de protesta. Pero en otros han decidido mantener una manga más ancha hasta que el tema se resuelva desde el ámbito político.

Reunión el 13 de abril

Precisamente, el ministro de Sanidad en funciones, el popular Alfonso Alonso, responsable de este polémico decreto, ha convocado a los consejeros de Sanidad a una reunión del Consejo Interterritorial de Salud. El encuentro se celebrará el próximo 13 de abril con un único tema en el orden del día: la normativa de prescripción de enfermería sobre la que el Ejecutivo asturiano ya se pronunció en contra.