¿Fue el crimen perfecto?

Han pasado casi seis años y María del Carmen Rodríguez sigue aún sin saber quién mató a su pareja, Juan Carlos Roces, propietario de la cervecería Carvi. Su cadáver apareció cosido a puñaladas detrás del mostrador del bar de la calle Ezcurdia. «Así no se puede vivir», dice esta mujer, que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde entonces y no es capaz de «volver a tener ni un minuto de tranquilidad».

Desde aquel 4 de marzo de 2010 ha enviudado aunque no haya conseguido una pensión pese a los 17 años de convivencia con el fallecido, la han desahuciado de su piso y ha visto cómo detenían a un sospechoso del crimen, lo juzgaban, lo condenaban a 18 años de prisión y luego el Tribunal Superior de Justicia de Asturias revocaba la sentencia de primera instancia para absolverlo. Un periplo judicial que no le permite pasar el duelo. «Lo que no queremos es que se deje el caso y caiga en el olvido porque no hay ningún culpable de una muerte violenta y eso es muy grave», lamenta. Pide a la Policía Nacional que «continúe buscando pistas nuevas, porque es la única forma de que se reabra el caso».

Sin embargo, para los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (DEV) que se encargaron de la complicada investigación, el asunto está resuelto desde el punto de vista policial. Todas las pesquisas y las líneas de trabajo les llevaron a la detención, meses después del crimen, de un vecino de La Arena que se había trasladado a vivir a Canarias, donde ya había residido con anterioridad. Siempre negó tener nada que ver con el violento episodio y, aunque reconoció que había estado con Juan Carlos Roces el día de autos, aseguró que se había ido del bar dejando al hostelero con vida.

Las contradicciones en sus primeras declaraciones ante la Policía y unos datos de las compañías telefónicas que le ubicaban con su dispositivo móvil en la zona del Carvi donde él dijo que había estado le llevaron directamente al banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Reiteró su inocencia, pero las pruebas practicadas durante el juicio, celebrado en noviembre de 2012, fueron suficientes para que los miembros del jurado popular le considerasen culpable. La sentencia fue invalidada meses después por el Tribunal Superior de Justicia. Su presidente, Ignacio Vidau, señalaba entonces que el «razonamiento efectuado por el jurado popular para condenarlo es ciertamente débil y frágil, pues, por un lado, acoge indicios que no debieron tenerse por probados y, por otro, deja márgenes de incertidumbre». «Resulta evidente la vulneración de la presunción constitucional de inocencia, pues la condena impuesta carece del respaldo de verdaderas pruebas de cargo», añadió. El procesado espera ahora la decisión del Estado para resolver si le concede la indemnización que solicitó por los casi dos años que pasó en prisión.

Mientras tanto, María del Carmen continúa esperando esa llamada de teléfono que le anuncie que el caso se ha reabierto y que tienen a un nuevo sospechoso. Pero esa llamada nunca llega.