La Audiencia desconfía del informe aportado por El Musel y pide más documentos

Juan Pablo González, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha dictado una providencia en la que reclama a la Autoridad Portuaria de Gijón nueva documentación relacionada con la obra de ampliación de El Musel ante las sospechas de que pueda haber elaborado un expediente 'ad hoc' para remitirlo a la autoridad judicial.

Entre los documentos reclamados figuran el plan de inversiones, el plan de empresa, los libros de órdenes, el libro de incidencias, el proyecto de seguridad y todos los programas de trabajo presentados a la dirección de obra por la UTE Dique Torres, contratista adjudicataria del contrato de obra pública. Otro de los requerimientos judiciales al puerto gijonés es la copia certificada del expediente de expropiación de los terrenos del Alto Aboño, la página de un informe de 13 de julio de 2004 omitida en la documentación inicialmente requerida y una comunicación del presidente de El Musel de 21 de diciembre de 2004 y la contestación de la UTE Dique Torres de fecha 22 de diciembre, a los que se hacer referencia en el acta de una sesión del consejo de administración de fecha 4 de enero de 2004.

Asimismo, el juez instructor del caso solicita una nueva pericial a cargo de los dos peritos de la Intervención General del Estado ya designados en la causa, para que a la vista de la totalidad de los informes mensuales sobre el control de las obras emitidos por Dique Torres, determinen los diversos materiales que fueron utilizados en las obras del contrato del puerto de Gijón, con expresión de su concreta procedencia y de su coste. También para que dictaminen la correspondencia de las certificaciones de obra con las correspondientes mediciones y de éstas con los soportes documentales generados por la UTE Dique Torres durante la ejecución de las obras. En su caso, y si consideran incompleta la reseñada documentación puesta a su disposición, los peritos deberán consignar qué documentación resultaría imprescindible analizar para disponer de una adecuada pista de auditoría para la trazabilidad de los materiales empleados.

También se requiere una pericial ampliatoria de la previamente emitida por estos dos peritos para que expresen si, a su juicio, la Autoridad Portuaria ha aportado una copia completa del expediente administrativo relativo al proyecto de ampliación, o ha elaborado un expediente 'ad hoc' para remitirlo a la autoridad judicial. Si fuera ese el caso se pide que se determinen los documentos que debería contener el expediente y cuya remisión se ha omitido.

En su providencia, el juez también requiere a Tudela Veguín que remita copia certificada de todos los acuerdos previos, precontratos y contratos firmados con la UTE Dique Torres desde la fecha de constitución de esta última. A la mercantil ICA Siglo XXI le requiere que aporte la documentación generada por la UTE Dique Torres durante la tramitación del expediente de licitación y la ejecución del contrato de obra pública de ampliación de El Musel. Y, por último, al Ayuntamiento de Carreño le solicita que remita al juzgado una copia certificada del expediente administrativo en que se el adoptó la resolución de fecha 27 de julio de 2005, por la que se acordó la suspensión inmediata en el por el plazo de un año del otorgamiento de licencias para usos relacionados con industrias, canteras, actividades mineras y asimilables en varios barrios del concejo de Carreño.

El juez Juan Pablo González también ha aplazado al 16 de octubre las declaraciones de imputados y testigos que estaban previstas para este jueves 1 de octubre. Está afectados por este cambio de señalamiento el exalcalde de Carreño, Ángel Riego, que está citado como imputado por las supuestas irregularidades cometidas durante la obra de ampliación de El Musel. Junto a Riego también deberá comparecer ante el juez en la nueva fecha, igualmente en calidad de imputado, uno de los gerentes que tuvo la UTE Dique Torres durante el desarrollo de los trabajos, David López Navarrete.

El juez también aplaza las declaraciones de los testigos José Manuel Mata Blanco, Esteban Castro Fernández y Artur Marqués Domingos, investigadores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).