Ángel Riego declarará ante la Audiencia el 1 de octubre por la obra de El Musel

Juan Pablo González, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 3, de la Audiencia Nacional, ha dictado una providencia en la que accede a la petición presentada a finales de julio por la Fiscalía y ha citado para que declare «como imputado», el próximo uno de octubre, al exalcalde de Carreño, Ángel Riego, por las supuestas irregularidades cometidas durante la obra de ampliación del puerto de El Musel. Para ese mismo día también ha sido citado, igualmente como imputado, uno de los gerentes que tuvo la UTE Dique Torres durante el desarrollo de los trabajos, David López Navarrete.

El juez también escuchará ese día a tres testigos del caso, José Manuel Mata Blanco, Esteban Castro Fernández y Artur Marqués Domingos, investigadores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), entidad que desveló seis presuntos delitos en la gestión de la obra y que ahora investiga la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción considera que el exalcalde de Carreño podría haber cometido un supuesto delito de prevaricación por lo que calificó de «conducta contradictoria». El fiscal Miguel Serrano Solís dice que Ángel Riego actuó «en su doble condición de vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón y de alcalde de Carreño y con una relevancia jurídica penal en tanto que pudiera implicar una directa responsabilidad en la posible arbitrariedad en las resoluciones unánimemente adoptadas por la Autoridad Portuaria de Gijón a la hora de adjudicar el contrato y su modificación posterior, y en la resolución de suspensión de licencias para usos relacionados con canteras».

En cuanto al caso de David López Navarrete, la Fiscalía Anticorrupción considera que podría haber cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, estafa agravada por razón del importe, falsedad en documento oficial y mercantil, y fraude a la Hacienda Pública. En esta ocasión, Miguel Serrano solicitó en su escrito al juez la imputación del exgerente de la UTE Dique Torres porque declaraciones anteriores de otros tres imputados y el informe pericial de los funcionarios de la Intervención General del Estado «ponen de manifiesto que actuó como gerente de la UTE llevando a cabo actuaciones de las que pudieran derivarse responsabilidades jurídico penales por varios delitos».

Rexach y Rato

El juez Juan Pablo González también decidió ayer denegar el sobreseimiento y archivo de la causa, dejando sin efecto su imputación, que habían solicitado el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, y el exdirector del puerto, José Luis Díaz Rato. El pasado mes de julio los abogados de ambos habían solicitado al juez instructor la desimputación y en respuesta a esa solicitud, el magistrado acordó no proceder a la petición de los letrados, pues estima que en el estado procesal de la causa sería «prematuro» dictar una resolución de fondo, ya que están pendientes de practicar diligencias.

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies aseguró ayer que con este auto se confirma que la «estrategia mediática y apresurada» de los representantes legales para eludir sus responsabilidades «se ha venido al traste», y Rexach y Rato «van a tener que seguir dando explicaciones por la operación del puerto de El Musel».

Hay que recordar que Fernando Menéndez Rexach prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado 24 de junio, mientras que al día siguiente fue el turno José Luis Díaz Rato. Ambos aseguraron ante el juez Juan Pablo González que las actuaciones relacionadas con la obra portuaria se aprobaron con la unanimidad de los miembros del consejo de administración y siguiendo instrucciones de Puertos del Estado.

El 18 de junio ya habían declarado como testigos de esta causa varios responsables técnicos de la obra y ese mismo día el juez decidió imputar a otro de los exgerentes de la UTE, Juan Miguel Pérez.