La explanación del Alto Aboño obligaba a la UTE a retirar el material aunque no le fuera «útil»

La compra de una serie de fincas del Alto Aboño propiedad de Tudela Veguín dentro de la operación de ampliación del puerto de El Musel traía consigo un acuerdo para explanar media docena de fincas en las que la cementera quería expansionarse. En concreto, el acuerdo, de noviembre de 2005, indicaba que esa obra la podría hacer el Puerto «directa o indirectamente». Y así ocurrió. Solo dos meses después se rubricó un contrato entre Tudela Veguín y la UTE Dique Torres en el que se indicaba que la constructora «estaría interesada en los materiales que se puedan obtener de las labores de explanación», pero el contrato se firma «sin contraprestación alguna a cambio», es decir, de forma gratuita. La UTE, en concreto, «se obliga a retirar todo el material que resulte como consecuencia de las reseñadas labores, le sea útil o no para la realización de la obra» de ampliación de El Musel. Es decir, en virtud de este contrato, la cementera no paga nada por que le hagan una explanación que ya tenía prevista para la expansión de la empresa, al tiempo que se deshace del material, aunque no sea útil para la obra del puerto.

La UTE Dique Torres se tenía que hacer cargo, igualmente, del «cargue y transporte» de la totalidad del material y de todas las operaciones que fueran necesarias, como voladuras y modificación de los servicios afectados, como depósitos de agua, caminos y líneas eléctricas. Igualmente, la constructora asumiría todos los gastos, tributos, tasas o exacciones que se originaran y el contrato incluye expresamente que Tudela Veguín «queda exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las actuaciones que, con el objeto recién descrito, realice la UTE Dique Torres».

El contrato fue rubricado por el gerente de la UTE, Juan Miguel Pérez , y el representante de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz. Pero también es curioso que el documento cuenta con una tercera firma, la del presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, quien rubrica bajo un epígrafe de 'conforme'.

Este contrato suscita algunas dudas al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, quien está llevando las diligencias sobre las posibles irregularidades que se hayan podido cometer en la licitación, gestión y desarrollo de las obras de ampliación del puerto de El Musel.

Juan Miguel Pérez había acudido a la Audiencia Nacional el pasado 18 de junio para declarar como testigo junto con otros representantes de empresas que habían tenido relación con la obra portuaria. El juez le preguntó, en concreto, si la firma que figuraba al pie del referido contrato era la suya y, al reconocerla como tal, el magistrado decidió imputar al gerente y citarle para que declarara, asistido por abogado, el pasado 7 de julio.

Sin responsabilidades

En estas obras de explanación de las seis parcelas aledañas a la fábrica de cementos que Tudela Veguín tiene en Aboño, la cementera quedaba eximida de «responsabilidad alguna de los daños de cualquier naturaleza que pudiera sufrir el personal, material o instalaciones de la contratista», pero también es curioso que esta cláusula añadía que «cualquiera que sea la causa o circunstancia que los origine», es decir, no solo por cuestiones imputables a las labores de explanación, sino a cualquier que se pudiera producir, incluso las originadas por la propia cementera. Ni que decir tiene que también la UTE se tendría que hacer cargo de daños a personas o cosas de Tudela Veguín o terceros.

Esta actuación venía dada en virtud del plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de Gijón, que preveía el desmonte gran parte del Alto Aboño, para destinarlo a instalaciones logísticas. Pero el Ayuntamiento de Carreño solicitó la nulidad de ese plan, con el objeto de impedir el desmonte y preservar así la franja costera de la zona, que podía afectar a la integridad de las playas de Peña María y Xivares. Y así ocurrió, pues los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento carreñense, con lo que el desmonte fue paralizado y, en realidad, solo se llegaron a hacer las obras que incumbían a la cementera de Tudela Veguín.

Pero el asunto no se resolvió fácilmente, pues llegó hasta la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el cual volvió a dar la razón al Ayuntamiento de Carreño y ordenó la suspensión de la modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Gijón-Musel, en lo que afecta al ámbito territorial del municipio de Carreño, un total de 32 hectáreas de superficie. Aunque la Abogacía del Estado presentó el correspondiente recurso, el Supremo inadmitió al recurso de casación y declaró firme la sentencia.

Este contrato entre la UTE Dique Torres y Tudela Veguín es uno de los asuntos aportados por José Prendes, quien fuera propietario de varias de las parcelas expropiadas en el Alto Aboño, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues entiende que se benefició a la cementera. Es uno de los asuntos en los que más hincapié está haciendo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía, por lo que se espera que se convoquen nuevos testigos para aclarar este asunto.