Díaz Rato: «En el mundo no hay una obra así, en ese plazo y a ese precio»

El director de la Autoridad Portuaria de Gijón durante las obras de ampliación de El Musel, José Luis Díaz Rato, se mostró ayer «sorprendido» por su imputación por la Audiencia porque dijo no haber recibido citación alguna y que se enteró de la providencia del juez Gómez Bermúdez por la prensa. Hace tiempo que Díaz Rato manifestó que sería una inconsciencia afrontar un procedimiento judicial absolutamente tranquilo y ayer insistió en que tiene «rocea, como decimos aquí», pero en lo que sí fue tajante es en que «tengo la conciencia muy tranquila, porque hicimos las cosas lo mejor que pudimos y, además, salió bien. No existe en el mundo una obra así, hecha en ese tiempo y por ese dinero».

Sobre su declaración en la Audiencia como imputado, Díaz Rato admitió que es «un trago que no apetece nada, entre otras cosas porque creo que ya está todo dicho y documentado. La Autoridad Portuaria presentó 500 folios de alegaciones con los que rebatió punto por punto las acusaciones de la OLAF, así que no creo posible aportar más».

Cabe indicar, en todo caso, que las alegaciones referidas fueron preparadas para la Comisión Europea y no hay constancia de que hayan llegado ni a la Fiscalía Anticorrupción ni a la Audiencia Nacional.

La documentación de la que dispone la Audiencia Nacional no es la misma enviada a la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea, si bien no se circunscribe, tampoco, al informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que fue origen de las demandas de la Fiscalía Anticorrupción y del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), grupo afín a Podemos. Hasta donde se sabe, también se personó en el caso la Abogacía del Estado, pero, según explicó en su día la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, no precisamente como parte acusadora, sino para ir conociendo en tiempo real la evolución del proceso, y asumir en su momento el protagonismo que corresponda, que la Autoridad Portuaria prevé en defensa de las actuaciones realizadas, conforme a los informes disponibles de la propia Abogacía.

A la vista de las denuncias, la Audiencia Nacional pidió abundante documentación a distintas entidades, entre ellas la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres. Pero esa documentación no incluye alegaciones, que, de alguna forma, serán las declaraciones de los imputados.

Dos procedimientos

Es evidente que en este caso coexisten en el tiempo dos procedimientos distintos: uno es administrativo, en el que España trata de evitar la devolución de los 198 millones de euros ya cobrados de la Comisión Europea para financiar la obra y el cobro de los cerca de casi 50 millones más que fueron concedidos y todavía no abonados. En ese caso, el informe de la OLAF actúa como acusación y ya fueron presentadas las alegaciones de defensa. Ese proceso administrativo puede convertirse en judicial si España y Europa no llegan a un acuerdo y nuestro país opta, como ya ha sugerido, a poner el conflicto en manos del Tribunal Europeo. Paralelamente, la Audiencia Nacional abrió diligencias, obviamente de carácter judicial, para saber si la ampliación de El Musel deparó la comisión de algún delito.

Ayer, el expresidente de El Musel Fernando Menéndez Rexach, una de las dos personas citadas hasta ahora para declarar como imputadas, se mostró «convencido de poder demostrar la legalidad de todo lo hecho». Rexach no quiso ir más allá y, tal como anunció cuando la Audiencia decidió investigar el asunto, insistió en que no hará declaraciones con el caso abierto en los tribunales.