El nuevo PGO, para el próximo mandato

La concejala de Urbanismo, Lucía García Serrano, aseguró ayer que el gobierno de Foro «no acelerará absolutamente nada» para forzar la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) antes de las elecciones de mayo. La edil explicó que el equipo redactor está obligado por contrato a entregar a primeros de mayo el documento con su propuesta de revisión más definida y que a partir de ese momento deberá ser supervisado por los técnicos municipales como paso previo a su debate en Comisión de Urbanismo y votación en sesión plenaria.

García Serrano remarcó que al equipo de gobierno no le preocupa no poder dejar resueltos esos trámites en el actual mandato municipal y que, por tanto, queden pendientes para la próxima Corporación local. La concejala aseguró que ellos están en otra tesitura, la de hacer «un trabajo serio y riguroso» para dotar al planeamiento urbanístico de «seguridad jurídica y con propuestas acordes a las necesidades de la ciudad». En ese sentido, recordó que «la tramitación exprés y a la trágala» fue lo que llevaron a la nulidad del 'Plan Sanjurjo' de 2011, el último aprobado por PSOE e IU justo antes de los anteriores comicios.

Expresó su convencimiento de que si Foro no sigue al frente del Ayuntamiento después del 24-M, el plan general seguirá su tramitación administrativa con normalidad del mismo modo que hizo el actual equipo de gobierno cuando llegó a la Alcaldía y continuó con lo ya tramitado por el PSOE. «El objetivo de lo hecho hasta ahora con el PGO es que viniera quien viniera el trabajo fuera solvente y respondiera a criterios objetivos», subrayó. Además, se felicitó por el hecho de que en este momento «es de cajón que nadie cuestiona ya la eliminación de ciertos urbanizables», en referencia a las operaciones urbanísticas suprimidas de Castiello y Granda y a la modificación de la de Cabueñes.

La edil de Urbanismo avanzó que el mismo planteamiento que están teniendo con el planeamiento urbanístico sirve también para la revisión del catálogo urbanístico, cuya tramitación se acompasará con la del nuevo PGO. Lucía García sí reconoció que el nuevo gobierno que salga de las urnas en mayo puede cambiar de criterio respecto a los proyectos que se han desarrollado en los últimos meses como modificaciones concretas del Plan General (como por ejemplo el PERI de la Ería del Piles o la operación para facilitar la ampliación del Hospital de Cabueñes).

La situación urbanística en el municipio ha dado un vuelco respecto a los años de gobierno socialista, porque ahora son los promotores y constructores los que interponen contenciosos vinculados a la ordenación urbanística del municipio. Y en cambio los vecinos de la zona rural, a los que los tribunales han dado la razón en sucesivas sentencias en su denuncia de infracciones en los procesos de participación ciudadana, aparecen como el principal apoyo a la labor que está desarrollando el equipo de Carmen Moriyón para aprobar un nuevo PGO. Colectivos como el de Vega en Defensa del Medio Rural, que está detrás de la anulación del último Plan General, valoran que el gobierno municipal pretenda romper con el modelo urbanístico de ciudad de los años de 'boom' inmobiliario y que lo haga además sin ceder a las presiones de las empresas constructoras, cuyo rechazo a la revisión integral del Plan General que plantea Foro es compartido por el PSOE.

El documento de aprobación inicial que se dará a conocer en mayo ahondará en las propuestas recogidas en el documento de prioridades sometido a información pública que apostaba claramente por una alternativa de desarrollo urbanístico que prevé la construcción de 15.300 viviendas en el periodo de vigencia del nuevo planeamiento. A razón de unas 1.000 por año hasta 2028. Una alternativa que también justificaba la necesidad de reducir la ZALIA, construir pisos en Naval Gijón; prescindir de los urbanizables de Castiello, Granda y Porceyo; recalificar EcoJove para dotaciones y equipamientos deportivos y favorecer el crecimiento del Parque Científico-Tecnológico en los espacios contiguos al Intra y en parte de los terrenos del plan parcial de Cabueñes.

En cuanto a la zona rural, también se plantean importantes novedades. La principal la ampliación de los núcleos y la reducción de las exigencias para reparcelar y la elevación de la superficie edificable a 300 metros cuadrados.

Junta de gobierno

García Serrano ejerció ayer de portavoz de la junta de gobierno en ausencia de Rafael Felgueroso por segunda semana consecutiva. Informó de la aprobación de una partida de 264.500 euros destinada a seis comunidades de vecinos para la rehabilitación de sus fachadas y otra de 80.000 euros dirigida a ayudas para diferentes asociaciones y colectivos de mujeres de Gijón.

La junta de gobierno local dio asimismo luz verde a varios convenios de colaboración con los ayuntamientos de Grado, Astorga, Guimaraes, Braga y Nazaré para el desarrollo de programas y actividades conjuntas en materia de cultura, promoción económica y turismo para la próxima edición del Festival Arco Atlántico.

Además, se ha concedido una prórroga de un mes y medio a la constructora Acciona Infraestructuras para la ampliación de la pista de atletismo de Las Mestas, cuyo presupuesto de adjudicación superó el millón de euros con un plazo de ejecución de 10 meses. También se declaró la caducidad del expediente de un proyecto urbanístico desarrollado por la entidad las Quintanas Sociedad Gestora Inmobiliaria Inversiones S.L. Por último, se resolvió extinguir la concesión demanial a Barrio Rimada para la explotación de un aparcamiento subterráneo en el pozo de tormentas de Poniente y proceder a la incautación de un aval por incumplimiento del contratista.