La Abogacía del Estado cambia de criterio y apoya a la Fiscalía Anticorrupción

Parece que ha cambiado de opinión uno de los principales puntos de apoyo que hasta ahora tenía la Autoridad Portuaria de Gijón en su defensa de que no se había producido irregularidad alguna en la gestión y el desarrollo de las obras de ampliación del puerto de El Musel. Se trata de la Abogacía del Estado, que en su momento llegó a emitir hasta ocho informes favorables a la gestión de la obra frente a las dudas mostradas desde la Comisión Europea, pero que ahora se habría puesto de parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Así quedó de manifiesto en la entrevista a Carmen Moriyón, alcaldesa y consejera de la Autoridad Portuaria de Gijón, publicada ayer por este periódico, en la que asegura que «hasta la propia Abogacía del Estado apoya la denuncia de la Fiscalía. Es un hecho muy grave y todo se produce en la obra pública más polémica de la historia de Asturias».

Hay que recordar que en el escrito remitido el pasado 2 de febrero a la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG Regio), de la Comisión Europea, por la Dirección General de Fondos Comunitarios, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya se advertía que Puertos del Estado había solicitado el 1 de abril de 2014 un «informe a la Abogacía General de Estado relativo a: 'las medidas procedentes en defensa de los intereses públicos, tanto en sede administrativa ante las instituciones europeas como, en su caso, en relación con el ejercicio de eventuales acciones judiciales en orden a la depuración de las posibles responsabilidades que pudieran concurrir y a la restauración del orden jurídico perturbado y el restablecimiento del patrimonio público que se hubiera visto perjudicado por los hechos acaecidos'. La Abogacía del Estado emitió informe el 23 de mayo de 2014 en el sentido de personarse en las diligencias judiciales que, en su caso, abra la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o, en el caso de que esa Fiscalía no ejercite la acción penal, ejercer esa acción la propia Abogacía del Estado».

Es más, en el auto del pasado 8 de enero del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el juez Javier Gómez Bermúdez dispone, entre otras cosas, que «procédase al ofrecimiento de acciones a la Abogacía del Estado para que pueda reclamar lo que corresponda a sus intereses».

Ocho informes

Ese cambio de criterio de la Abogacía del Estado es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que hasta en ocho ocasiones había respaldado las obras de ampliación de El Musel, aunque su postura sufrió un importante giro a partir del 24 de marzo de 2014, cuando la OLAF hizo pública su investigación, en la que sugería a las autoridades comunitarias la recuperación de los 198 millones de euros abonados a los responsables portuarios procedentes de los fondos de cohesión y el no abono de los 49,5 millones aún pendientes de entregar.

Las obras de ampliación contaron con informes favorables de la Abogacía del Estado en los pliegos de las cláusulas administrativas del contrato original, en 2004; en el modificado del contrato, el 14 de diciembre de 2007; en el documento justificativo del modificado para la Dirección General de Mercados de la CE (DG Market), el 10 de octubre de 2008; en la respuesta a la DG Regio, de 6 y 13 de mayo de 2009; en el informe de objeciones a las observaciones de la DG Regio, del 14 de junio de 2010; en el 'hearing' (audiencia) del 15 de julio de 2010, en el que se entregó un informe de la Abogacía del Estado sobre el alcance de la acción directa que el Código Civil establece a favor de la subcontratista frente al dueño de la obra; en el expediente iniciado por la OLAF, en la apertura, controles y trámite de audiencia, y en el proceso de liquidación de la obra. Hay que tener en cuenta, además, que la propia Abogacía del Estado está representada en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Por si no fuera poco, las obras de ampliación contaron con auditorías anuales de seguimiento de control y cumplimiento de la operativa por la Intervención General del Estado, desde 2004; otra auditoría de regularidad de los fondos de cohesión realizada por dicha Intervención, a finales de 2007; auditorías de Puertos del Estado previas a los certificados de gastos elegibles para la tramitación de pagos intermedios de los fondos de cohesión y cuya validación corrió a cargo de la firma externa KPMG, y la propia Comisión Europea, a través del Tribunal de Cuentas Europeo, realizó una auditoría del procedimiento de contratación, en septiembre de 2006. En ninguno de estos casos se realizaron reparos al procedimiento ni se señaló la ilegalidad del modificado del contrato.

Berge Blanc: granelero con bandera de la Isla de Man, de Ponta da Madeira, con 224.011 toneladas de mineral de hierro.

Wilson Malo: mercante chipriota, de Muuga, con 5.800 toneladas de carbón.

Zagreb: granelero croata, de Ust-Luga, con carbón.

AM Ghent: granelero liberiano, para Buchanan, tras descargar 75.000 toneladas de mineral de hierro.

Manuela E.: español, para Burdeos, tras descargar 5.200 toneladas de minerales.

An May: granelero con bandera de Hong-Kong, para Tubarao, tras descargar 162.000 toneladas de carbón.