Niños contra niños

Aquella mañana de abril Carla se levantó a la hora de siempre. Tenía que estar en clase a las ocho y cuarto, de manera que se vistió, se tomó un buen tazón de ColaCao con cereales, se despidió de su madre y salió de casa. Nunca llegaría al colegio Santo Ángel de la Guarda incluso el nombre parece una burla del destino; de camino, Carla cambió la ruta de todas las mañanas por la que la colocaría al pie de los acantilados de La Providencia. Nadie volvería a verla con vida. Tenía 14 años. «No recuerdo nada que hiciera pensar que aquel día no era como cualquier otro. La mañana transcurrió sin más hasta que a mediodía, aunque siempre era puntual, no terminaba de llegar. Empecé a preocuparme y llamé a una amiga que me dijo que la niña no había estado en clase. Nadie llamó del centro avisando de la falta de mi hija. La única noticia que tuve del colegio fue un SMS de la directora, a las ocho de la tarde, dándome el pésame», recuerda con dolor Montserrat Magnien, la madre de la pequeña.

Un juez de Gijón acaba de condenar por acoso a dos de sus compañeras reavivando un debate que renace periódicamente casi siempre de la mano de alguna tragedia, para luego desvanecerse. Casos que recuerdan que un 33% de los escolares españoles, 2,7 millones, han padecido en alguna ocasión una situación de maltrato por parte de sus compañeros de clase; que el porcentaje no deja de crecer y que, en ocasiones, el daño es irreversible.

Las dos niñas, que ahora tienen 15 y 16 años, reconocieron haber transmutado el día a día de Carla Díaz en un infierno; torturaban con saña a una muchachita que no había cometido más crimen que soñar con que la dejaran vivir. Dos años de insultos esparcidos por las redes sociales (la llamaban bizca, «topacio, con un ojo aquí y otro para el espacio», bollera), de empujones y golpes, de vejaciones como meterle la cabeza en el retrete, hicieron su existencia tan insoportable como para terminar quitándose la vida.

Pero los cuatro meses de trabajos socioeducativos que deberán cumplir esas dos adolescentes para pagar el daño causado, no cerrarán el caso. Su madre, que ya consiguió que la Fiscalía de Menores lo reabriera sumando nuevas pruebas y eliminando la inducción al suicidio de la denuncia inicial, dirige ahora su mirada al colegio. Lo demandará por la vía civil. «La sentencia es de risa. La Ley del Menor necesita un reajuste. Sé que son niñas, que quizá no deben estar en la cárcel, pero tampoco está bien que sigan su vida como si nada. La pena establece, incluso, que puedan cumplir con su condena dejándolas margen para acudir a sus extraescolares Su vida seguirá siendo la misma; están en la calle y lo van a volver a hacer».

Han pasado casi dos años desde que Carla se suicidó y Montserrat Magnien sigue sin digerir la pena, sin comprender cómo unas jóvenes aparentemente normales pueden albergar tanta maldad y tanto ensañamiento. Su abogada, Leticia de la Hoz, prepara ahora la defensa de la familia por la vía civil. «Vamos a responsabilizar al colegio. Hay hasta tres actas firmadas por su tutora en las que se reconoce que la niña estaba sufriendo acoso escolar. Mientras la madre insistía en el colegio y seguía las pautas que la marcaban, a Carla llegaron a reñirla porque se perdía los recreos... ¡Una alumna con antecedentes de cortes en las muñecas!».

Es precisamente de responsabilidad de lo que habla Javier Urra, psicólogo y primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Él cree que lo que ha cambiado las relaciones y multiplicado el alcance del acoso escolar es internet, que se encarga de que el efecto sobre el menor sea devastador. También que es inadmisible que un profesor no sea capaz de descubrir quién es el alumno que sufre en su clase. «Es fácil detectarlo, de manera que si alguno no lo hace es, simplemente, porque es un inútil... o, lo que es casi peor, un cobarde».

«No se hacen responsables»

La suya es, sin duda, una voz autorizada, respaldada por una trayectoria incontestable, sembrada de acciones para combatir lo que ya la mayoría considera un «gravísimo problema». También lo es la de Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada que firma decenas de sentencias ejemplares, ha conseguido bajarlos índices de delincuencia en su distrito y cuyas lecciones magistrales pueblan Youtube. Calatayud habla claro: «Lo primero que fallan son los chavales, que no se hacen responsables de los actos que cometen; lo segundo, sin duda, internet, que hace ya mucho tiempo que se nos ha ido de las manos; luego están unos padres que no son conscientes de que eso es una droga y un instrumento perfecto para cometer hechos delictivos; y, por supuesto, los colegios».

En casa de María (es un nombre ficticio) los problemas comenzaron en segundo de Infantil. Ese curso se incorporó al colegio un niño problemático que dirigió toda su inquina contra su hijito de 5 años. Poco a poco empezaron a pasar cosas raras: que no quería ir a clase, que le dolía la tripa Dos años tardó Enrique (tampoco es su verdadero nombre) en contar que sus compañeros se divertían bajándole los pantalones y los calzoncillos y golpeándole; que llegaron a meterle una paja en el oído hasta reventarle el tímpano, que le daban patadas en los testículos y que aquellas raras marcas del cuello eran la prueba de cómo se divertían intentando ahogarle

El niño acudía a un centro en Madrid y su madre mantiene que todo intento por conseguir la implicación del profesorado fue inútil. «El director llegó a decirme, un día que estaba desesperada y fui a hablar con él cansada de que la tutora no me hiciera caso, que no podía hacer nada».

En medio de aquel infierno, María hizo las maletas, sacó a su hijo del colegio y se cambió de ciudad. El caso de Enrique es especial: los servicios sociales de Castilla y León donde se mudaron, le han reconocido una discapacidad del 33%, consecuencia del estrés postraumático del bullying padecido.

Pero ni el tiempo transcurrido ahora Enrique tiene 15 años, ni el cambio de domicilio y de colegio, han sido suficientes para una familia que sigue sin encontrar consuelo. «Mi hijo lleva cinco años yendo al médico, tomando pastillas, y yo también».

Mientras las madres destacan la responsabilidad del colegio, los profesores no creen que sea tan fácil detectar el problema, ni que estén haciendo dejación de sus responsabilidades. Augusto Serrano, secretario confederal de STES, sindicato mayoritario de trabajadores de la enseñanza, apunta a otro lado: «Llevamos mucho tiempo denunciando que lo heterogéneo del alumnado demanda una ratio menor en las clases. No es lo mismo trabajar con un grupo de 25 que con uno de 35». Dice también que ellos no tienen tan claro que haya un repunte del acoso en las aulas, y que en ningún caso los colegios tapan las agresiones. «Hay un procedimiento y es el que se sigue: el profesorado hace un parte y se pasa al jefe de estudios y luego a la comunidad educativa. Todos analizan la situación».

Las asociaciones que luchan contra el bullying amplían la responsabilidad a las consejerías de Educación de las diferentes comunidades autónomas, que «tienden a mirar hacia otro lado». Así que, cuando los docentes y la administración fallan, no queda otra que confiar en la Justicia. Miguel Rodríguez, fiscal de menores de Cantabria, compara el acoso escolar con la violencia de género. Cree que hay muchas similitudes entre ambos y que con el bullying acabarán dándose los mismos pasos extraordinarios que ya se han dado con las mujeres maltratadas. «Se ha tomado conciencia social, y por tanto jurídica, y los fiscales estamos dando respuesta. Una prueba es que las relaciones entre los centros escolares y la fiscalía son cada día más fluidas». Miguel Rodríguez sabe que son una parte importante en la solución del problema, una suerte de jueces instructores de cada una de las causas abiertas.

La sentencia que reconoce que Carla Díaz fue objeto de acoso escolar no es la única. En 2011, el colegio Amor de Dios de Alcorcón fue castigado a pagar 44.000 euros por los abusos reiterados a un alumno por parte de sus compañeros. También fueron condenados los ocho chavales que convirtieron en un calvario la vida de Jokin Ceberio, el joven de Hondarribia (Guipúzcoa) que se suicidó en 2004: 18 meses de libertad vigilada por un delito de maltrato.

El caso de Jokin, que una mañana de septiembre se tiró desde lo alto de las murallas de su pueblo aprovechando que en casa todos dormían, es una referencia entre tanto desastre. Su muerte despertó la sensibilidad social en torno a una violencia que no deja de crecer.

Pechos y nalgas

Iñaki Viar, el psiquiatra que actuó como perito en aquel proceso, dirige la mirada hacia los organismos responsables. «Confiamos a nuestros hijos a los centros, y cuando se producen fallos en la vigilancia y el cuidado, cuando se dan situaciones de negligencia clara, hay que tener el valor de intervenir». Viar no tiene ningún reparo en defender que todas las partes implicadas deben asumir su responsabilidad, y que la modernidad actual, «ese concepto libertario de la educación que se ha instaurado», rechaza los castigos cuando, en realidad, no se puede permitir que los jóvenes se abandonen a sus pulsiones agresivas: «La maldad debe tener un precio».

Pruebas no faltan. Poco después de que Jokin acabara con su vida, el Juzgado de Menores de Vitoria condenó a un alumno y a la ikastola Olabide por un caso «grave» de acoso a una niña que aún no había cumplido 13 años. Según la sentencia, a lo largo de todo un año varios escolares «ultrajaron a la menor escupiéndola, golpeándola y tocándole los pechos, las nalgas y los genitales». Se hace difícil encontrar alguna correspondencia natural entre el tamaño de los niños y el de su crueldad.

Por eso Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), propone atajar el problema desde el primer día de preescolar. «Es una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo, que no se aborda con la seriedad ni con la firmeza con la que se debería. Nosotros abogamos por la comunicación permanente y por no minimizarlo». Tampoco los alumnos parecen estar dispuestos a taparse los ojos. María Rodríguez, la portavoz de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), confirma que cada día hay más casos de bullying y ve en las redes sociales el canal por el que los jóvenes dispersan tanta maldad.

Una larga lista de testimonios para terminar justo al principio:El tormento de Carla, el de Enrique, el de Jokin.. no acababa al salir de clase. La sombra de Facebook, Twitter, Instagram... es alargada.