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MARCO MENÉNDEZ
Miércoles, 5 de noviembre 2014, 03:58
Entre las diferentes irregularidades detectadas por la Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF) en el desarrollo de las obras de ampliación de El Musel y por las que la Comisión Europea exige ahora la devolución de 198 millones de euros que había aportado en concepto de subvención, así como el no abono de los 49,5 millones pendientes, resalta «la existencia de 88.765 transportes» con material de cantera que «han sido objeto de doble contabilidad, lo que constituye un indicio de grave irregularidad o fraude».
Según indica la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, en su motivación de la mencionada propuesta de corrección financiera de la obra portuaria, el Gobierno español no habría negado en sus alegaciones la existencia de dicha doble contabilidad, «sino que indica que su volumen es mínimo, siendo algo superior al 5% del número total de transportes». No obstante, apuntó que el pago de los materiales «se efectuaba en función de la diferencia entre los perfiles batimétricos tomados sobre el terreno antes y después de construir los diques y no en función de su pesaje».
La Comisión Europea echa en cara al Estado que actuara de ese modo, ya que recuerda que el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra indicaba que «el contratista deberá pesar todos los vehículos que accedan a la obra», así como que «cualquier material vertido sin seguir el procedimiento anterior no será de abono».
Las autoridades comunitarias recuerdan que no han de demostrar de forma exhaustiva estas irregularidades, sino «aportar un elemento de prueba de la duda seria y razonable que alberga con respecto a dichos controles o dichas cifras». El documento concluye que, en base a la jurisprudencia, «existe un riesgo de que los pagos relacionados con este proyecto presenten irregularidades significativas, lo que justifica que el gasto declarado correspondiente quede completamente excluido de la financiación».
Sin control
Esa falta de control en el conteo de los camiones utilizados en la obra para transportar el material pétreo utilizado así como pesaje de los áridos destaca aún más en el documento de la Comisión Europea cuando hace referencia a una de las canteras utilizadas para obtener las rocas con las que hacer el relleno de la obra. En concreto, en lo referente a las dos canteras propiedad de Tudela Veguín que se utilizaron; la de La Hoya y la de Peña María. De la primera fueron extraídas 16.580.061 toneladas, mientras que de la segunda fueron 2.873.170. El citado documento refleja que «en las canteras de Tudela Veguín no había básculas para verificar el peso transportado en los camiones. En el marco del proyecto, en estas canteras nunca estuvo presente ningún representante del beneficiario o de la asistencia técnica para realizar labores de control».
Pero las irregularidades en cuanto al transporte de los áridos, según las autoridades comunitarias, no quedan ahí, pues, además de que en 13.269 casos se menciona a la UTE Dique Torres como compañía de transportes, apunta que «existen numerosas entradas en la documentación de control proporcionada donde se registra matrículas que no están de acuerdo con el estándar español de registro de matrículas de vehículos», y hace referencia a un total de 7.210 entradas con 18 matrículas no reconocidas, como '1207', '1198', 'Sin ticket' o '538-BTF-10', entre otras.
También apuntan desde la Comisión Europea que «se han identificado a lo largo de los listados de transporte un gran número de camiones duplicados o triplicados», así como incongruencias como el hecho de que se anotara «varios camiones que transportan cantidades desde 114 toneladas hasta 3.168 toneladas en un viaje en un día».
Pero es que, incluso, en esos listados aportados para justificar la cantidad de material pétreo utilizado en la ampliación de El Musel se incluyeron «varios camiones que nunca han trabajado para las empresas declaradas».
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