Aprobado el plan para la ampliación y ordenación del vertedero de Serín

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ha aprobado hoy por unanimidad el Plan Territorial Especial de Cogersa, que ordena urbanísticamente los terrenos del vertedero de Serín y facilitará la ampliación y construcción de instalaciones de gestión de residuos, como la incineradora prevista.

La aprobación definitiva tiene lugar tras el estudio de las aportaciones recibidas en el proceso de información pública, en el que se recogieron 302 alegaciones, y el visto bueno de la Comisión de Asuntos Medioambientales del Principado de Asturias, informa la Consejería de Fomento.

La aprobación inicial del documento se produjo en febrero tras otro periodo de tramitación en el que se recibieron 40 sugerencias al documento ambiental preliminar y 40 al documento urbanístico de avance.

El nuevo texto deja ordenadas urbanísticamente, de forma conjunta, las más de 400 hectáreas de suelo que el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa) tiene en los concejos de Carreño, Corvera, Gijón y Llanera.

De esta forma, las actuaciones que quieran llevarse a cabo en las instalaciones de Cogersa podrán ahora acometerse desde una regulación homogénea, frente a diversidad de requisitos derivados de los diversos planes generales de los municipios en los que se ubican los terrenos.

El plan territorial especial clasifica todos esos suelos en diversas zonas con usos determinados: áreas específicas para la gestión y tratamiento de los residuos en las que se incluyen las instalaciones y plantas de tratamiento; áreas de uso complementario para estas instalaciones como laboratorios, oficinas de trabajo, depósito de agua, entre otras, y zonas verdes.

El Plan Territorial Especial del Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias, que había sido aprobado definitivamente por el pleno de la CUOTA el 13 de mayo de 2011, quedó anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del 31 de julio de 2013.

El Principado ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero de forma paralela ha realizado una nueva tramitación para contar con mayores garantías jurídicas.